TConstitucional vs Parlament.cat: ¿cuál legitimidad debe prevalecer, la Judicial o la Legislativa?

El Tribunal Constitucional (TC) decidió ayer –por mayoría pero sin unanimidad de los magistrados– admitir a trámite el recurso del Gobierno central contra la declaración soberanista del Parlament de Catalunya, que automáticamente quedó suspendida cautelarmente. Es la primera vez que el TC procede contra una declaración política, considerando que esta en sí misma tiene efectos jurídicos. La suspensión alcanzará a cualquier otra norma o disposición que pueda fundamentarse en la resolución del Parlament del pasado 23 de enero, que es el texto al que se refiere el Constitucional en su providencia. 

En la propuesta suspendida se hablaba del pueblo catalán como un “sujeto político y jurídico soberano”, una acepción en la que se sustentó la impugnación de la Abogacía del Estado, que también ha tenido en cuenta el artículo 161 de la Constitución, que reza que “el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas”. La ponente del recurso del TC será la magistrada Adela Asua, propuesta en su día por el Parlamento vasco cuando PSE y PP sumaban mayoría. Artur Mas advierte: “El Gobierno español quiere abortar el proceso, pero seguimos adelante”

No hay un plazo concreto para que el Constitucional resuelva sobre el fondo del recurso. El TC, de entrada, ha dado al Parlament de Catalunya un plazo de 20 días para formular alegaciones contra la impugnación.

El Parlament pretendió realizar esas alegaciones antes de que el Constitucional decidiera sobre la admisión o no a trámite del recurso presentado por el Ejecutivo, pero como no había precedentes de la impugnación de una declaración, tampoco los había de que se hicieran alegaciones antes de la admisión a trámite, de modo que no pudo oponerse a la iniciativa del Gobierno central.

La Generalitat considera que desde el comienzo del pleito ha jugado, pues, con desventaja, puesto que los recurrentes pudieron abundar en sus argumentos, y el Parlament ni siquiera pudo exponer los suyos. Ahora tendrá esa oportunidad, pero cuando la declaración –y por tanto todas las posibles normas derivadas de ella– ya ha quedado suspendida.

La siguiente batalla se dará en torno a las normas que tengan o puedan tener su origen en la declaración soberanista como la creación del Consell Assessor per a la Transició Nacional o la comisión de estudio sobre el derecho a decidir creada precisamente ayer con el respaldo de una mayoría superior al 78%. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo ayer que no caben resoluciones ni ejecutivas ni parlamentarias “que no sean conformes” con la Constitución.

9-V-13, J.M. Brunet/I. Ellakuria, lavanguardia

Ya estaba previsto en el orden del día del pleno, pero la creación de la comisión sobre el derecho a decidir se acabó convirtiendo en la primera respuesta del Parlament a la decisión del Tribunal Constitucional de suspender provisionalmente la declaración de soberanía del 23 de enero. De hecho, la resolución del alto tribunal marcó el desarrollo del debate desde el primer momento y, en función de su contenido, PP y C’s intentaron que ni tan siquiera se discutiera la iniciativa, que finalmente resultó aprobada por 106 votos a favor (CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP) del total de 135 (el 78,5%). Los 19 diputados del PP, por su parte, no participaron en la votación y los 9 de C’s votaron en contra.

El PP argumentó que, en la medida en que la comisión se derivaba de la declaración de soberanía, el Parlament cometería un “acto de desacato e insumisión” al propio Tribunal Constitucional y a la misma Constitución –en palabras de Enric Millo– si debatía y aprobaba la creación de la comisión y que, por este motivo, no pensaba participar “en un hecho claramente ilegal”. Los 19 diputados populares, para evidenciar su protesta, abandonaron el hemiciclo, con Alicia SánchezCamacho al frente, que anunció que su formación estudiaba la impugnación de la creación de la comisión, es decir, pedir al Gobierno español que también la recurra ante el alto tribunal. C’s compartió plenamente la tesis del PP, pero sus 9 diputados permanecieron en sus escaños y fueron los únicos que votaron en contra.

La mayoría parlamentaria favorable al ejercicio del derecho a decidir de los ciudadanos de Catalunya defendió la legitimidad del Parlament, que situó en el mandato de las urnas del 25-N, para crear la comisión “diga lo que diga el Tribunal Constitucional”, resumió Dolors Camats (ICVEUiA), y reafirmó que, en cualquier caso, el proceso de “radicalidad democrática” hacia la consulta no tenía marcha atrás. “¿Qué demócrata se puede oponer?”, se preguntó retóricamente Marta Rovira (ERC), mientras Quim Arrufat (CUP) opinaba que “impedir poder hablar no es surrealista, es una dictadura”, y Jordi Turull (CiU) subrayaba que “aquí hay una decisión tomada que no tiene marcha atrás, que es que los catalanes puedan decidir libremente su futuro”.

El PSC también secundó la creación de la comisión, aunque Maurici Lucena quiso distinguir entre la “aceptación del derecho a decidir como principio democrático” y la “fuerte división que el debate nacional produce en la sociedad catalana y que ya es fractura”. Una posición que le valió reproches de ambos bandos: PP y C’s le recriminaron que fuera “cómplice” del “proyecto independentista” de Artur Mas e ICV-EUiA le avisó que “hoy no es el día de los matices” entre los partidarios del derecho a decidir, sino de “trazar una línea divisoria entre los que defienden la democracia y los que no”.

9-V-13, J. Gisbert, lavanguardia