empresas farmacéuticas que atentan a la libre competencia... y a nuestra salud
Cinco empresas farmacéuticas fueron condenadas ayer por la Comisión Europea a pagar multas por valor de 146 millones de euros por haber frenado durante más de una década la llegada al mercado de una versión más barata de un conocido antidepresivo, el Citalopram.
Al frente de los acuerdos ilegales estaba la farmacéutica danesa Lundbeck, que empezó a vender este medicamento en el año 1989. La patente expiraba en el 2003 y a partir de ese momento cualquier otra empresa podía fabricar una versión genérica de este producto, uno de los antidepresivos más vendidos en el mundo. Pero para cuando llegó el momento, Lundbeck ya se había asegurado de que no iba a tener competencia.
La investigación de la Comisión Europea ha concluido que en el 2002 la compañía llegó a acuerdos comerciales con otras farmacéuticas (Merck, Alpharma, Arrow y Ranbaxy) para no entrar en ese mercado a cambio de recibir “decenas de millones de euros”. Lundbeck deberá pagar una multa de 93,8 millones de euros y los fabricantes de genéricos que se dejaron sobornar un total de 52,2 millones.
Durante la investigación, la Comisión Europea se incautó de documentos internos que hablan de la formación de un “club” cuyos miembros se repartirían “montones de $$$” entre sí. Lundbeck, según Bruselas, también compró existencias ya fabricadas del genérico de Citalopram para destruirlas e impedir su comercialización.
Este tipo de acuerdos violan las leyes europeas de libre competencia según la Comisión Europea, que critica que han impedido que los consumidores y los sistemas sanitarios públicos en toda la UE se beneficiaran de la fuerte rebaja que supone la llegada al mercado de medicamentos genéricos cuando expira una patente. En el caso del Citalopram los ahorros podrían haber sido importantes. Una vez que los acuerdos empresariales finalizaron, la versión genérica que empezó a venderse en Reino Unido supuso una rebaja del 90% respecto al precio de la marca original.
Este tipo de acuerdos anticompetitivos, los pay-for-delay (pagar por aplazar), “perjudican a los pacientes y a los sistemas nacionales de salud, que ya se enfrentan a bastantes problemas”, afirmó ayer Joaquín Almunia, responsable de Competencia de la Comisión Europea. Con esta decisión Bruselas confirma su oposición a este tipo de acuerdos empresariales. El Tribunal de Justicia de la UE tendrá la última palabra, ya que Lundbeck anunció que recurriría contra la multa. Almunia investiga otro caso que afecta a Teva, Novartis, Servier y Johnson & Johnson.
En un informe del 2009, Bruselas concluyó que los pacientes europeos pagan un 20% más de lo que deberían por sus medicamentos por esas maniobras.
20-VI-13, B. Navarro, lavanguardia