la Fiscalía considera las preferentes "asunto de gran trascendencia"... y sabotea su investigación
La Fiscalía Anticorrupción lanzó ayer un órdago contra la decisión de la Audiencia Nacional de abrir una investigación sobre las preferentes. Los fiscales siempre han sostenido que este asunto hay que verlo caso por caso y que no hay base para actuar mediante una causa global o general. Así. Anticorrupción ha planteado que sea un pleno de la sala penal de la Audiencia la instancia que se replantee la decisión adoptada por el juez Fernando Andreu en el sentido de aceptar varias querellas en las que se le pedía que investigara el diseño y lanzamiento de las participaciones preferentes por parte de las entidades que integraron Bankia.
Anticorrupción nunca ha querido que con decisiones de este tipo se abran expectativas de que la vía penal es la más adecuada que tienen en su mano quienes se consideran estafados por las malas prácticas bancarias en relación con las preferentes. Desde la Fiscalía se siguen lanzando mensajes en el sentido de que la vía más adecuada para las reclamaciones es el procedimiento civil. El propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, así lo ha defendido varias veces.
La iniciativa de la Fiscalía de pedir la celebración de un pleno de la sala penal de la Audiencia Nacional constituye un órdago porque es una instancia que sólo se convoca para los asuntos de gran trascendencia. Los fiscales, en suma, transmiten con esta decisión la idea de que el tratamiento que los órganos judiciales den al problema de las preferentes tiene esa entidad de los grandes asuntos. De hecho, el escrito de Anticorrupción alude a que se pide que se reúna dicha sala “dada la trascendencia de las cuestiones que deben debatirse y la previsibilidad de que se planteen en el futuro cuestiones de similar contenido”. Entre ellas, los fiscales aluden a la posibilidad de que la gestión de las preferentes quede vinculada a la investigación sobre Bankia, en la medida en que este producto hubiera podido comercializarse para tratar de paliar la situación de la entidad.
Lo que no quiere Anticorrupción es abrir en la Audiencia Nacional un buzón general para que todos los perjudicados por las preferentes acudan a depositar en él sus quejas, dando pie a un macroproceso. Máxime cuando la propia Fiscalía cree que por la vía penal no se podría dar la mejor respuesta al asunto, porque resulta “descabellado” –dice– pensar que sobre las preferentes hubo una acción concertada por los directores de los bancos.
20-VI-13, J.M. Brunet, lavanguardia