una clase política "ni partía ni doblá" pero corrupta y ridícula

"Antes partía que doblá"
(http://es.wikiquote.org/wiki/Magdalena_%C3%81lvarez)

La imputación de Magdalena Álvarez no podía llegar en peor momento. Desde julio del 2010, la exministra ocupa una vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones, uno de los puestos internacionales de rango, y clave para que fluya el crédito para las pymes del sur de Europa. El BEI es el organismo europeo que financia proyectos económicos a través de créditos a largo plazo; este año, ha aumentado un 25% sus préstamos a España, lo que supone más de 10.000 millones de euros para financiar, en condiciones favorables a bajo interés, básicamente proyectos de inversión de las pequeñas y medianas empresas. La cúpula del BEI la integran el presidente y ocho vicepresidentes, que asumen colegiadamente la gestión. Álvarez fue nombrada hace tres años a propuesta del Gobierno Zapatero, en sustitución del portugués Carlos da Silva Costa, para la vicepresidencia que se reparten España y Portugal; tiene un mandato mínimo de seis años –lleva justo la mitad– y cobra por encima de 20.000 euros al mes. A finales del 2011 vio peligrar su continuidad cuando Elena Salgado, ya ex vicepresidenta económica, movió hilos para ser nombrada presidenta del BEI, ya que el cargo quedaba vacante. Pero no puede haber dos españolas en la cúpula del banco, y Álvarez se atrincheró. Al final, el cargo fue para el alemán Werner Hoyer.

 3-VII-13, lavanguardia

Proclamó Magdalena Álvarez una vez que antes partía que doblá y su pronóstico puede acabarse cumpliendo. La juez que instruye el caso de los EREs fraudulentos, Mercedes Alaya, ha decidido dar "un paso cualitativo" en la instrucción con la imputación de 20 cargos y excargos de la Junta de Andalucía, entre los que destaca la exconsejera de Economía y Hacienda entre los años 1994 y 2004, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez.

En un auto notificado este martes 2 de julio de 2013 a las partes, la magistrada imputa también al actual viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos entre el 21 de abril de 2002 y el 26 de abril de 2009, Antonio Vicente Lozano Peña, y al exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, el único de los imputados que ya tiene fecha para declarar, concretamente el próximo 25 de julio.

Alaya recuerda que, conforme a la Ley, "corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la hacienda de la comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia", motivos por los que imputa tanto a Álvarez como a su viceconsejero, José Salgueiro.

A continuación, la magistrada señala que durante la época de Magdalena Álvarez, concretamente entre 2000 y 2004, "se creó" en su Consejería la Secretaría General de Hacienda, de la que pasaron a depender la Dirección General de Presupuestos y la Intervención General, situándose al frente a la Secretaría referida Antonio Estepa y como director de Presupuestos el actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Vicente Lozano.

A juicio de la juez, ambos "tendrían una importante intervención en las referidas modificaciones presupuestarias y en los presupuestos de la comunidad autónoma donde se mantendría durante muchos años las transferencias de financiación como crédito presupuestario para el pago de las subvenciones sociolaborales del programa 31.L", conocido como "fondo de reptiles".

La jueza dice que, en virtud del Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas, "es claro que la utilización vía modificación presupuestaria o a través de los presupuestos de la comunidad autónoma, de las transferencias de financiación para el pago de tales ayudas sociolaborales, habría permitido la concesión de subvenciones al margen de su normativa reguladora, en la que se requiere la fiscalización previa por parte de la Intervención".

Por ello, la magistrada considera que "ha llegado el momento de dar un paso cualitativo" en la instrucción "y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas" que, "en la ejecución de sus respectivas competencias, habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos que indiciariamente se ha venido observando a lo largo de la presente instrucción".

3-VII-13, periodistadigital