con el Legislativo colonizado, el Poder Judicial cae aún más en manos del Ejecutivo
El principal hueso del Consejo es su función disciplinaria. Cada año se abren unos 40 expedientes a jueces
Los nombramientos son terreno abonado para los choques. El CGPJ elige, por ejemplo, a los jueces del Supremo, cuyo cargo es el más deseado
El Consejo informa todos los proyectos de ley que afecten a derechos fundamentales. El Gobierno siempre teme sus objeciones
El CGPJ tiene que defender a los jueces que crean atacada su independencia. Lo hace con declaraciones periódicas
La independencia judicial está en riesgo. Eso dice todo el centro-izquierda de la justicia española frente a la reforma del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que va a quedar reducido a la mínima expresión. El sector conservador de la magistratura comparte esos recelos, aunque hará de la necesidad virtud.
La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) no va a boicotear el proceso de elección de los nuevos vocales del Consejo, como harán las otras tres, Jueces para la Democracia (JpD), Foro Judicial y la Asociación Francisco de Vitoria. Pero la derecha judicial, que siempre ha sido mayoritaria entre las togas con puñetas, comparte con los otros tres colectivos citados la sensación de derrota ante la perspectiva de una cúpula de la justicia a punto de hincar la rodilla, disminuida en competencias y en margen de maniobra.
Tras su renovación en otoño próximo, en la sede del Consejo ya no estarán sus veinte vocales a diario. La cúpula judicial quedará en manos de una permanente compuesta por cinco miembros, más el presidente. Dentro del propio Consejo la opinión mayoritaria es que se corre el riesgo de que la institución se convierta en un ente presidencialista, similar a una colonia del Ministerio de Justicia, en manos de un valido con una pequeña corte. Incluso los más diplomáticos, como Ramon Camp, vocal saliente, estiman indudable que con la reforma el Consejo quedará “muy debilitado en sus capacidades”.
Para el Gobierno, estos temores carecen de fundamento y son quejas de vicio. PP y PSOE siempre han querido controlar el Consejo, o al menos desactivarlo como potencial contrapoder. Estuvieron a punto de pactar la reforma, porque en el fondo coinciden en que la cúpula judicial ha incurrido en muchos errores y excesos, como los viajes de fin de semana de su dimitido presidente, Carlos Dívar, a Marbella. Consideran que esta institución ha degenerado en un caso de macrocefalia y que la garantía de la independencia judicial no tiene nada que ver con la deriva corporativa que atribuyen al Consejo. Entre los dos grandes partidos y el CGPJ existe, por tanto, una profunda división de opiniones sobre el diagnóstico más adecuado sobre los males de la justicia y sobre los de su máxima institución representativa en particular.
El PSOE, sin embargo, ha acabado oponiéndose a la reforma, no tanto porque quiera acudir en auxilio del Consejo como porque cree que la vía elegida por el ministro de Justicia, Alberto RuizGallardón, no es la más adecuada para resolver el encaje institucional del órgano de gobierno de los jueces. Los socialistas siempre defendieron la elección parlamentaria de los vocales del Consejo, y el PP acabó por ceder en este punto. Pero no ha sido suficiente, y el PSOE recurrirá la reforma al Tribunal Constitucional (TC).
El PSOE quería replantear la arquitectura de la cúpula judicial, no jibarizarla. Pero no ha podido impedir que el funcionamiento diario del Consejo vaya a quedar en manos del citado grupo reducido. Los cinco vocales de la permanente serán los únicos que cobren el sueldo íntegro, más de 130.000 mil euros brutos anuales, mientras que los otros quince percibirán dietas austeras cuando acudan a un pleno.
Muchos se plantean quién va a querer ir al CGPJ por dietas de 58 euros para comidas y de 107 para hotel por toda retribución los días de pleno. Ya no habrá, en suma, ni sueldo elevado, ni coche oficial, ni secretaria, ni viajes ni oropeles de ninguna clase. Y sí tarea doble, porque quien sea magistrado y acceda al Consejo como vocal seguirá a diario en su juzgado si no forma parte de la permanente. Y peor será estar en la comisión disciplinaria. Sus siete miembros no rotarán y se dedicarán casi en exclusiva a los expedientes sancionadores. En el Consejo todos se preguntan quién va a querer esa perita en dulce.
8-VII-13, J.M. Brunet, lavanguardia