pesimismo, resignación, fatalidad... garantía de impunidad para los corruptos y malvados

Desde el 2005 los partidos políticos aparecían como el sector donde mayor impacto tenía la corrupción, a juicio de los ciudadanos españoles. Y mientras únicamente un 35% de los consultados en el 2009 atribuían prácticas corruptas a los funcionarios, casi un 80% las adjudicaban a los políticos y un 76% a las autoridades que concedían los “permisos y licencias de obras” (según el CIS). Es más: en el 2010, sólo Grecia, Hungría, Portugal y Rumanía (de entre un panel de 24 países europeos) presentaban porcentajes más elevados que España de ciudadanos que consideraban que la corrupción había aumentado en su país. Y únicamente Rumania y Grecia atribuían un mayor nivel de corrupción a los partidos políticos que España.

Estas percepciones se acrecentaron a lo largo del 2011, según el último Eurobarómetro sobre corrupción. Así, mientras este problema era considerado importante por un 74% de los europeos, en España sumaba 14 puntos más. Y mientras sólo un 25% de los daneses percibía corrupción en sus instituciones políticas, esa tasa llegaba al 93% entre los españoles: 13 puntos más que Francia, 20 más que Reino Unido y 23 más que Alemania. Sólo Italia (95%) y Grecia (99%) tenían tasas más altas que España.

Además, tres de cada cuatro españoles se mostraban convencidos de que “la corrupción forma parte de la cultura de los negocios en España”, diez puntos más que en Francia o Gran Bretaña, y 24 más que en Alemania (aunque 15 puntos menos que en Italia o Grecia). Y mientras sólo un 9% de los españoles juzgaba suficiente la transparencia en la financiación de los partidos políticos, esa tasa se elevaba al 22% entre el conjunto de los europeos. En cualquier caso, casi un 80% de los españoles (la misma cifra que Grecia y sólo por debajo de Eslovenia) consideraba muy extendidas las conductas irregulares entre los políticos, en contraste con la media europea (57%). En cambio, las tasas de corrupción administrativa seguían siendo muy bajas en España: del 3%, frente a un 8% de media en la UE y muy lejos del 12% de Italia, del 15% de Grecia o del 31% en Rumanía.

Finalmente, el pesimismo de los españoles y su potencial resignación ante la corrupción se evidenciaban en los sondeos del CIS de los años 2011 y 2012, que ofrecían un cuadro más bien sombrío sobre los niveles de exigencia cívica: un 55% consideraba que la mayoría de sus conciudadanos no cumplía las leyes, y casi el 61% pensaba que eran “tolerantes con la corrupción política”. Y, de nuevo, las sospechas de corrupción se focalizaban en la construcción (81%) o en las obras públicas (85%). En este contexto, la opinión sobre la clase política no podía ser más negativa: sólo un 39% de los consultados pensaba que “la mayoría de los políticos son honrados”. Y el fatalismo sobre las posibilidades de combatir las irregularidades se reflejaba en dos indicadores muy elocuentes: más del 60% pensaba que “la corrupción ha existido y existirá siempre” y el 86% se mostraba convencido de que la Administración “la permite y no la persigue lo suficiente”. Todos estos registros podrían explicar por qué, aunque la corrupción fue citada como el segundo problema principal por un 44% de los españoles en el sondeo del CIS de marzo, en los estados mayores de los partidos parece imperar la sensación de que será posible sortear los numerosos escándalos sin llegar al fondo del asunto ni pagar el correspondiente precio político.

7-VII-13, C. Castro, lavanguardia