en el país de "hecha la ley, hecha la trampa", los partidos han perdido todo el crédito
Las prácticas confesadas por Luis Bárcenas y algunos otros imputados en el caso de la “denominada caja B del Partido Popular” –como ya la llama el juez Pablo Ruz– han dejado a la vista los agujeros que todavía presentan las leyes sobre financiación de los partidos, contratos de las administraciones y enjuiciamiento criminal. Sobre todo por la relativa facilidad, el largo tiempo y la persistencia con que parte de su contenido se habría vulnerado.
La ley de financiación de los partidos políticos, poco realista para muchos expertos, se reformó en el 2012 para restringir las aportaciones de las empresas. Pero las diversas formas de incumplirla siguen sin constituir delito específico alguno, y sólo se consideran infracciones administrativas. Para castigar penalmente un acto ilícito de financiación, los investigadores deben hallar pruebas de cohecho, delito fiscal, prevaricación, malversación, delito electoral u otros no específicos.
Aparte de las triquiñuelas que el extesorero del PP admite ahora que usó para saltarse las reglas, con especial hincapié en la fragmentación de las entregas de dinero para burlar los límites de las cuantías, dos de los constructores que declararon como imputados en mayo dieron valiosas pistas sobre otros modos de sortear la ley. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja y expresidente de FCC Construcción, relató cómo su grupo usó dos empresas filiales para donar dinero al PP sin que la matriz apareciera como proveedora. El presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, reveló por su parte las generosas aportaciones que efectúa cada año, legalmente, a distintas fundaciones de partidos y sindicatos, incluida la FAES del PP. Dichas fundaciones suelen funcionar en caja única con los partidos correspondientes, y son un cauce ideal para enmascarar donativos destinados a ellos.
De confirmarse que administraciones regidas por el PP forzaron la adjudicación de obras para favorecer a empresas que engordaban sus arcas, también se haría patente la debilidad de la ley de contratos de entidades públicas.
Lo que ya es un clamor, en este caso en el terreno procesal, es el uso espurio que los partidos hacen a veces de la figura de la acusación popular. Tal como ha dictaminado la Audiencia Nacional, el PP se sirvió de ese mecanismo para ejercer como defensa de Bárcenas y otros en el caso Gürtel. La formación gobernante aún pretendía personarse como acusación en el asunto de los papeles de Bárcenas pese a estar expuesta ella misma a resultar condenada. El Gobierno estudia ahora revisar las condiciones para ejercer como acusador. Pero quedan muchos otros agujeros por tapar.
21-VII-13, F. García, lavanguardia