accidente metro de Valencia: libertad de prensa, 1 - Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 0
La Fiscalía de Valencia considera que no se ha dicho toda la verdad sobre el accidente de metro que el 3 de julio del 2006 provocó la muerte de 43 personas y 47 heridos. Siete años después de aquel siniestro, el ministerio público ha solicitado al juzgado de instrucción número 21 un escrito en el que solicita que se deje “sin efecto” el auto de archivo, de marzo del 2007, de las diligencias que se instruyeron. Y estima en su petición que “existen hechos y datos nuevos, y otros que en su momento no se valoraron, que pudieran afectar al estado de la unidad siniestrada”.
La decisión de la Fiscalía tiene una gran trascendencia. En el 2006 no sólo el juzgado que instruía el caso lo archivó, sino que además la comisión parlamentaria que se abrió para auditar la tragedia, controlada por el PP, dio carpetazo al asunto: concluyó que la culpa fue de la alta velocidad del convoy y que la razón fue una hipotética imprudencia del conductor, que falleció en el accidente. Además, ni las Cortes Valencianas ni la justicia encontraron entonces responsabilidad alguna de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), a pesar de que en el punto donde se estrelló la unidad de metro no había baliza de seguridad.
Los familiares de las víctimas han estado todos estos años exigiendo la reapertura de la investigación y que la Generalitat valenciana asuma responsabilidades políticas. En aquellas fechas el presidente valenciano era Francisco Camps, quien nunca quiso recibir a las víctimas del siniestro. En los últimos meses han aparecido nuevos datos que cuestionan no sólo la versión oficial, sino también el propio archivo de la causa. Como ejemplo, FGV remitió un año antes del siniestro a la fábrica de trenes Vossloh un informe en el que reconocía que los trenes de la serie 3.700, que es el modelo siniestrado, estaban al final “de su vida útil” y presentaban “grandes problemas de mantenimiento”. A lo que se suman varios nuevos testimonios que se hicieron públicos a raíz del programa de televisión de Jordi Évole dedicado a esta tragedia.
El ministerio público considera además que los hechos que se pide investigar de nuevo podrían ser constitutivos de 43 delitos de homicidio por imprudencia profesional y 47 delitos de lesiones por imprudencia profesional, y que estos hechos no estarían prescritos en atención a las penas que llevan aparejadas.
El líder socialista valenciano, Ximo Puig, que presentó recientemente dos denuncias para que se reabriera el caso, exigió ayer que “se llegue a saber toda la verdad”. El colectivo Cercle Obert también pidió la reapertura con una nueva denuncia. Por su parte, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Císcar, anunció que “la justicia va a tener toda la colaboración de la Generalitat valenciana”. Sin embargo, el Gobierno valenciano siempre se ha negado a reabrir una investigación propia del suceso.
23-VII-13, S. Enguix, lavanguardia