el Ministerio de Justicia sabotea la acción de los ecologistas
Nuevas trabas judiciales obstaculizarán aún más las denuncias de los grupos que actúan en defensa del medio ambiente. Es la queja que expresaron ayer las organizaciones ambientalistas al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Todas ellas se lamentan de que la ley de tasas está teniendo un efecto disuasorio a la hora de intentar evitar las infracciones ambientales. Pero, además, denuncian que, con las reformas legislativas en marcha, se les restringirá el acceso a la justicia gratuita y se les impediría actuar como acusación popular para personarse en los litigios por delitos ecológicos.
Si hoy en día se tuvieran que pagar las tasas judiciales exigidas para impedir una licencia urbanística municipal como la que concedió el Ayuntamiento de Carboneras al hotel del Algarrobico, el coste sería prohibitivo, dice el abogado Jaime Doreste. Si se diera ese caso, los grupos Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción de Almería, que promovieron esa denuncia, seguramente no podrían pagar los 10.350 euros en tasas. “No podríamos evitar otra atrocidad como un aeropuerto construido en un enclave protegido, como pasó en Ciudad Real”, añade Asunción Ruiz, directora ejecutiva de la Sociedad Española de Ornitología.
La ley de tasas judiciales desincentiva la actividad fiscalizadora de las entidades conservacionistas, pues las denuncias en los juzgados exigen el abono previo de cantidades que pueden ser exorbitantes en muchos casos.
Frenar un proyecto urbanístico y turístico como el de la Marina del embalse de Valdecañas en Cáceres (declarada ilegal) requería otros 10.350 euros en tasas. Y un recurso contra una sentencia por no suspenderse las obras de un vertedero en Toledo tendría tasas por valor de 1.290 euros, según las estimaciones de Doreste. Las tasas judiciales se conforman de una parte fija (de 100 a 1.200 euros) y otra variable en función de la cuantía del proyecto denunciado. Las oenegés ambientales estaban exentas de tasas judiciales; y por eso volvieron ayer a pedir a Ruiz-Gallardón esa exención para acceder a la justicia.
Otro asunto que preocupa es la previsión de que las oenegés ambientales (como las demás entidades de utilidad pública) sólo puedan recurrir tres veces al año a la asistencia jurídica gratuita, según un anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Justicia. Esto es llover sobre mojado, pues las oenegés ya tienen graves problemas para acceder a la justicia gratuita, ya que para acogerse a ese derecho y poder litigar deben acreditar insuficiencia de recursos, cuando paradójicamente, para ser declaradas de utilidad pública, deben demostrar su solvencia económica. Es el pez que se muerde la cola. “La justicia tiene que ser gratuita para las entidades sin ánimo de lucro”, resume Francisco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción.
La última amenaza para estas entidades es la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal en marcha, y que vetaría la posibilidad de que estas asociaciones (al igual que partidos y sindicatos) puedan ejercer como acusación popular en los litigios relacionados con daños al medio ambiente. “Planteamos al ministro que los grupos conservacionistas puedan actuar en las mismas condiciones que los perjudicados directos (acusación particular). Si no, no podrían actuar en casos como el Prestige, dice Jaime Doreste. Ahora muchos jueces ya les impiden personarse como acusación particular. “La reforma que prepara Ruiz-Gallardón incumple el convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación y acceso a las justicia en asuntos medioambientales. No sé si el ministro conoce los compromisos internacionales de España”, dice Asunción Ruiz. Durante el encuentro, el ministro se mostró receptivo a las peticiones planteadas y ha reconocido el interés general que tiene la defensa del medio ambiente. En el informe que le fue entregado también han participado Greenpeace, WWF y Amigos de la Tierra.
26-VII-13, A. Cerrillo, lavanguardia
El juzgado número 3 de Vera (Almería) ha imputado al ex alcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández, y a los miembros que conformaron su equipo de gobierno (PSOE) por declarar como urbanizable el paraje de El Algarrobico, en el que se sitúa el polémico hotel de Azata del Sol. El juzgado determinará si incurrieron en presuntos delitos de prevaricación administrativa. La declaración fue aprobada en un pleno del 2009.
El alcalde y los seis miembros de la anterior corporación están citados para el 13 de agosto. Entre ellos, está la exteniente de alcalde y hermana del exregidor, María del Rosario Fernández, informa Europa Press.
En el marco de estas diligencias previas también está imputado por prevaricación el actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (independiente), quien ya prestó declaración el 14 de marzo, cuando alegó que las decisiones sobre el paraje de El Algarrobico se adoptaron bajo mandato del exregidor del PSOE. Recordó que la oposición votó en contra de la actuación.
La fiscalía de Medio Ambiente, tras la querella de Ecologistas en Acción, denunció que el actual equipo de gobierno no ha modificado la calificación de urbanizable.