vergonzoso colaboracionismo de España e Italia con la dictadura en Kazakhstan

Las advertencias de Amnistía Internacional no han sido suficientes. La Audiencia Nacional acordó ayer extraditar a Kazajistán al disidente kazajo Alexander Pavlov, a quien las autoridades de su país acusan de delitos de terrorismo, por conspirar supuestamente para cometer una serie de atentados que jamás llegaron a consumarse, y de estafa al BTA Bank, del que habría obtenido fraudulentamente un crédito de 22,5 millones de dólares.

Pero Pavlov, detenido a su llegada a España en diciembre de 2012, era sobre todo el hombre de confianza y jefe de seguridad de Mukhtar Ablyazov, asilado político en Londres y principal opositor del presidente kazajo Nursultan Nazarbayev. La reciente detención en Italia y entrega a Kazajistán de la mujer y la hija de Ablyazov provocó un terremoto político en Roma y obligó a dimitir al jefe de Gabinete del ministro del Interior.

La semana pasada, coincidiendo con la vista oral de la extradición, Amnistía Internacional advirtió de que, si España entregara a Pavlov, “estaría violando sus obligaciones internacionales”, pues existe riesgo cierto de que “sufra tortura, juicio injusto u otras serias violaciones de los derechos humanos”.

El auto de la Sala de lo Penal intenta disipar estos temores recordando que España y Kazajistán han firmado un tratado de extradición que, aunque no entrará en vigor hasta el 1 de agosto y por tanto no puede aplicarse, evidencia “la recíproca confianza existente entre ambos Estados”. El hecho de que Kazajistán se haya adherido al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos lleva a los jueces “a la confianza de que cubre unos mínimos esenciales en materia de garantías y derechos fundamentales”. Aunque alegan que no pueden valorar la veracidad de los delitos que se imputan al disidente, subrayan que se trata de delitos comunes y no políticos. Finalmente, hacen hincapié en que las autoridades kazakas han prometido que diplomáticos españoles podrán visitar a Pavlov en prisión.

Una vez que la decisión judicial sea firme, la última palabra la tendrá el Gobierno. La defensa del disidente tiene pocas dudas de que será positiva. Kazajistán es una república petrolera con grandes perspectivas de negocio: Talgo acaba de venderle 21 trenes por 482 millones y Rajoy planea visitarla en otoño.