(¿por Bárcenas?) el Ministro Margallo enarbola el patrioterismo español ante el peligroso... Gibraltar
El conflicto que desde hace días provoca tirantez entre España y el Reino Unido por los exhaustivos controles aduaneros de la policía española y que han provocado la protesta oficial de Londres tiene visos de no aflojar y menos tras las declaraciones del ministro de Exteriores José Manuel-García Margallo, que anunció que “los controles son legales y van a haber más”. Ayer, el Gobierno de Gibraltar calificó las medidas de Margallo de “amenazas” y las comparó con al política hacia el Peñón desarrollada en las décadas de 1950 y 1960 “por el régimen del dictador Francisco Franco”. “Son las más retrógradas y amenazadoras", advertía Gibraltar en un comunicado.
Como recogió La Vanguardia el viernes, miembros del gabinete de Exteriores británico, cuyo titular es William Hague, se vieron con diplomáticos españoles por los “controles desproporcionados, injustificados e inaceptables” de “hasta siete horas”. Todo indica que estos controles policiales se habrían intensificado como respuesta a la colocación por parte de Gibraltar de unos 70 bloques de 
hormigón, según la denuncia española, que incorporan unas barras de hierro en aguas donde faenaban los pescadores gaditanos. La forma de los bloques y los salientes metálicos impiden que los pesqueros faenen porque se romperían las redes. Gibraltar afirma que tiene jurisdicción sobre tres millas náuticas alrededor del Peñón, algo que no reconoce España, pues en virtud del tratado de Utrecht de 1713 (del que se cumplieron 300 años hace 20 días) sólo admite la soberanía gibraltareña sobre las aguas del puerto.
A todo ello se le añade la publicación por una web de las identidades y fotografías de los policías que se encargan del control aduanero, lo que ha hecho aumentar la tensión entre los dos gobiernos. ¿Irá a más? Margallo no sólo defendió los controles, sino que anunció que van a ser más exhaustivos si cabe, que se va a investigar fiscalmente a los gibraltareños (popularmente conocidos como llanitos) que tienen propiedades en Cádiz, e incluso anunció que su ministerio se plantea “restringir vuelos” y también una tasa de paso por la verja. “Si por controlar como es debido la verja se producen retenciones y congestiones, bueno, quizás habría que ir pensando, que nos lo estamos pensando, en crear una tasa de 50 euros para entrar y 50 euros para salir. Esa recaudación nos vendría muy bien para ayudar a los pescadores damnificados por la destrucción de los caladeros”, avanzó. En una entrevista a ABC, García-Margallo se muestra contundente: “Nuestros controles son legales y va a haber más (...) Gibraltar tiene que entender que con este Gobierno las cosas nunca van a volver a ser así (como con el socialista). Se ha acabado el recreo”. Aseguró que si hay retenciones en la verja es por una cuestión aduanera: “Es nuestra obligación controlar a rajatabla el contrabando, el blanqueo de dinero y el tráfico ilícito . Nos lo exige nuestra pertenencia a Europa. Gibraltar no es territorio Schengen. También es nuestra obligación –añadió– controlar las irregularidades fiscales, por ejemplo inspeccionando a los cerca de 6.000 gibraltareños que tienen propiedades en Sotogrande”.
La batería de posibles medidas y del endurecimiento de los controles en la verja provocó la reacción del Gobierno británico, que ayer mostró su “preocupación” por los comentarios de GarcíaMargallo. Un portavoz del Ministerio británico de Exteriores dijo que su Gobierno estaba “evaluando” los comentarios. “Como hemos dicho, no vamos a comprometer nuestra soberanía sobre Gibraltar, ni nuestro compromiso con su pueblo. Continuamos utilizando todas las medidas necesarias para salvaguardar la soberanía británica”, indicó el portavoz.
Al cruce de declaraciones entre representantes de los ejecutivos se sumó ayer la queja de varios sindicatos policiales, que solicitaron al Gobierno que “haga algo más” por la situación de los agentes que trabajan en la verja y que, según han denunciado, se sienten “atosigados” y “en tensión” (palabras en las que coinciden Antonio Labrado, portavoz de la Confederación Española de Policía, y José María Benito, del Sindicato Unificado de Policía).
5-VIII-13, lavanguardia