España cañí -125: y a Bruselas llegó el mismo documento como valenciano y como catalán

El diputado y portavoz adjunto de EUPV en las Corts Valencianes Lluís Torró ha presentado una queja ante el "superior jerárquico" del secretario judicial del juzgado de primera instancia número 1 de Vinaròs para que "tome medidas" ante la denuncia de dos bufetes de abogados de Tarragona, que le acusan de negarse a tramitar las demandas presentadas en catalán.
Según declaró ayer el diputado de izquierdas, la actuación del secretario judicial es la "consecuencia de la polémica lingüística que fomenta el Partido Popular" y subrayó que el secretario judicial ha "incumplido" la ley, "concretamente el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial". Este artículo establece que las actuaciones judiciales y los documentos presentados en el idioma oficial de una comunidad autónoma tendrán plena validez, sin necesidad de traducción al castellano.
El problema estriba en la interpretación del catalán y el valenciano como una misma lengua o diferentes. Según Torró, hay "46 sentencias judiciales" que "apoyan" la unidad de la lengua catalana. Por su parte, el portavoz de Compromís en materia lingüística y cultura, Josep Maria Pañella, ha registrado una serie de preguntas en la cámara autonómica para que el conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, comparezca y dé explicaciones de "por qué se le permite a un secretario judicial de Vinaròs no aceptar las demandas que registran los abogados catalanes, infringiendo la legislación y obviando que el valenciano es una lengua oficial y también válida para la justicia".
No obstante, la respuesta del conseller no se ha hecho esperar y ayer mismo declaró que la actuación del secretario es "correcta" ya que, el artículo 6 del Estatuto de Autonomía es "muy claro" y refleja que los dos idiomas oficiales de la Comunitat son "el valenciano y el castellano". El responsable de Justicia afirmó que, aunque respeta las denuncias de los abogados catalanes, la comunitat no contempla el catalán como idioma oficial. Asimismo, señaló que el deber de la administración es "garantizar que cualquier ciudadano pueda ir a cualquier administración pública, no solo de justicia, para garantizar el derecho de esos dos idiomas". Por tanto, Castellano reiteró que la situación del secretario judicial "es correcta".
La postura defendida desde la Generalitat Valenciana no es compartida por a Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), organismo considerado por el estatuto como la "institución normativa del idioma valenciano", que aboga por la unidad lingüística.
El caso del secretario judicial de Vinaròs surgió a raíz de la denuncia de dos bufetes de abogados, uno de Sant Carles de la Ràpita y otro de la Sènia, que aseguraban que el funcionario les pidió una traducción al castellano de una demanda que presentaron en catalán. Además, aseguraron que el secretario se negaría a tramitarlas en el caso de que no cumplieran con la petición. El Colegio de Abogados de Tortosa y de Castelló se reunirán en breve para solucionar el problema.

23-VIII-13, N. Soriano, levante-emv

El secretario, Víctor Martín Gallego, apelando a la Constitución y al Estatuto valenciano, requiere a los abogados que aporten sus demandas «en idioma español» y ya tiene diversos procedimientos encallados ante los recursos frente a tal exigencia, que además, deben efectuar previo pago.

«A pesar de la lentitud de la justicia, el secretario no tardó ni una semana en responder a mi monitorio de reclamación de deuda requiriendo que se lo aportara en español», explica la abogada de Sant Carles de la Ràpita P. B. En esa diligencia, del pasado 1 de julio, el secretario advierte de que en caso contrario puede no admitir el trámite, «de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Constitución Española y el artículo 6 el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana». Superada su estupefacción inicial, la letrada no dudó en presentar un recurso, aportando los 25 euros estipulados para tal trámite, en el que recuerda que «el valenciano es lengua oficial y como tal, de obligado conocimiento y uso por parte de cualquier administración radicada en el País Valencià». En su de nuevo diligente respuesta, Gallego se reafirma en su postura: «Dado que no presenta copia del mismo redactada en idioma español/castellano y visto el estado de la presente causa, se acuerda requerirle por plazo de cinco días a la meritada letrada para que aporte una copia del mismo redactada en español/castellano bajo apercibimiento de inadmisión del mismo». En este caso, incorpora para respaldar su petición diversos artículos legales alusivos a multas coercitivas y apertura de expedientes sancionadores. Nuevo portazo, nuevo recurso y otros 25 euros en defensa de los derechos lingüísticos.

En el caso de Isabel Castell, letrada del gabinete Castell & Martínez, de La Sénia, inicialmente optó por acatar las exigencias del secretario: «Pensé que quizá era de fuera y al principio decidí traducírselo, pero al cabo de tiempo decidí que ya iba a utilizar mi lengua y así se lo comuniqué por escrito», explica la abogada. La iniciativa tuvo sus consecuencias. «Ahora tengo tres procedimientos paralizados por ese motivo y estamos esperando al mes de septiembre para ver cuál es la situación», indica Castell.

El decano del Col.legi d'Advocats de les Terres de l'Ebre, Josep Canicio, a quien ha sido trasladado el conflicto abierto en busca de mediación, admite que «parece ser que en este caso los abogados se topan con la cuestión de que se consideran catalán y valenciano como lenguas diferentes, de manera que no se está aceptando el catalán como lengua oficial, aunque ello no se expone abiertamente». La abogada de la Ràpita ha pedido también respaldo a Acció Cultural del País Valencià.

21-VIII-13, S. Berbís, elperiodico