cuando el Ejecutivo pasa por encima del Judicial, para hacer ingeniería lingüística
El conflicto generado por la implantación del trilingüismo va camino de convertirse en uno de los más graves de cuantos se recuerdan en la enseñanza en Baleares. Ayer, en sólo unas horas de diferencia, se sucedieron dos decisiones de gran trascendencia. A primera hora de la mañana se conocían dos resoluciones judiciales que anulaban el calendario de aplicación de este sistema, por ser nulo de pleno derecho y haberse aprobado sin la supervisión de los agentes sociales. A mediodía, el Govern de José Ramón Bauzá anunciaba un decreto ley urgente para mantener su entrada en vigor, desoyendo a los jueces y provocando un amplio rechazo en sectores sociales y educativos.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha estimado en parte los recursos de los sindicatos STEI y UGT, que habían impugnado el decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), alegando defectos procedimentales y perjuicios para profesores y alumnos por la precipitación en su aplicación. Los magistrados no entran en el fondo de la cuestión, limitándose a señalar que los modelos plurilingües están ampliamente reconocidos por varias normativas en España. Sin embargo, tumban el andamiaje jurídico construido por el Govern para su puesta en marcha.
El tribunal reprocha al Ejecutivo que las fechas de implantación para este curso, que afectaban a tres niveles de primaria y uno de secundaria, se concretaran con un simple anexo en el decreto, en lugar de un instrumento jurídico de rango superior que permitiera opinar a las entidades. Subrayan que la norma, “de trascendental importancia para todos los agentes de la comunidad educativa”, se ha aprobado sin negociación colectiva y sin haber consultado con el Consejo Escolar de Baleares y el Consell Consultiu. Este último órgano, compuesto por expertos juristas, ya advirtió irregularidades en la reglamentación. El TSJIB añade al respecto que “el fin no justifica los medios”.
El Govern de Bauzá, que se ha mostrado implacable en la aplicación del trilingüismo, decidió mantener el procedimiento, que ahora los magistrados censuran. En uno de los dos autos, se reconoce que la suspensión “produce perjuicios para la comunidad educativa”, si bien se apunta que “mayores y más graves daños se derivan del mantenimiento de la aplicación del anexo”. En ambas resoluciones ha habido un voto particular discordante con la posición mayoritaria del tribunal.
La consellera de Educació, Joana Maria Camps, reconoció únicamente un “error procedimental” y defendió la aprobación de un decreto in extremis para subsanar las deficiencias y mantener el TIL. “Todo lo hacemos por nuestros niños y para mejorar sus competencias lingüísticas”, arguyó Camps, quien negó que el Ejecutivo pretenda esquivar a la Justicia. Sin embargo, con el nuevo marco aprobado ayer, se evita la obligación de consultar con los agentes sociales. Además, se aclaran puntos del articulado que habían generado confusión. Sindicatos, entidades civiles y partidos de la oposición denunciaron ayer el “autoritarismo” del Govern y exigieron la dimisión de Camps.
La decisión del Govern ha caldeado el ambiente en el sector docente, que mantiene la convocatoria de huelga indefinida en los centros no universitarios a partir del próximo día 16, tres días después del inicio de curso. Unas 10.000 personas están llamadas a secundar los paros tras la convocatoria doble de los sindicatos STEI y CC.OO. y de la Assemblea de Docents de les Illes Balears. El pasado miércoles, un 95 por ciento de los 903 profesores que votaron en asambleas, dieron su apoyo a la huelga; previamente, más de 5.000 habían apoyado la consulta. El colectivo denuncia la precipitación con el trilingüismo, el aumento de las ratios y la suspensión de empleo y sueldo de tres directores de colegios de Menorca.
7-IX-13, E. Carranza, lavanguardia