frente unido de independentistas e unionistas sobre el derecho a decidir

El pas de la manifestació independentista pel passeig dTodos los partidos de la Asamblea Nacional de Quebec –el parlamento de la provincia canadiense de mayoría francófona– votaron ayer en defensa del derecho a decidir.

La moción –aprobada por los 125 diputados, incluidos los federalistas partidarios del Canadá unido– es la respuesta al intento del Gobierno central de invalidar la llamada ley 99 quebequesa. Esta ley consagra el derecho “inalienable” del pueblo de Quebec “a decidir en libertad el régimen político y el estatus legal” de la provincia, y prevé que una mayoría de un 50% de votos más uno en una consulta permita la independencia.

  La moción parlamentaria que ayer se adoptó –promovida por el nacionalista Partido Quebequés, en el poder– reafirma la validez del 50% más uno en caso de referéndum. En 1998, tres años después de que los canadienses optaran por seguir en Canadá en la última consulta celebrada, un dictamen del Tribunal Supremo estableció que, para que Canadá negociase la secesión de la provincia, se requeriría una mayoría clara. Una ley federal –la ley de Claridad– recogió después este principio y dejó claro que Quebec no puede marcharse sin el acuerdo del resto. Aunque no se especificaba qué porcentaje sería necesario para que la capital, Ottawa, considerase claro el resultado, se interpretó que no bastaría el 50% más uno y que se exigirían mayorías más rotundas.

Las autoridades de Ottawa y Quebec soslayaron durante más de un decenio la aparente contradicción entre la ley de Claridad canadiense y la ley 99 quebequesa. Pero ahora el Gobierno del primer ministro conservador canadiense, Stephen Harper, se ha sumado a un recurso para despojar de fuerza jurídica la ley 99. Quebec ha recibido el gesto como un desafío y una intrusión.

Por unanimidad, la Asamblea Nacional de Quebec reafirmó “que los quebequeses y las quebe-quesas tiene derecho a elegir su futuro, a decidir ellos solos su futuro político”, según reflejó el diario La Presse, de Montreal. Los diputados avisan de que “sólo la Asamblea Nacional de Quebec tiene el poder y la capacidad de fijar las condiciones y modalidades en torno a la celebración de un referéndum de acuerdo con la ley de consultas populares, incluida la formulación de la pregunta del referéndum”.

La ley de Claridad canadiense prescribe que no sólo el resultado de un eventual referéndum debe ser claro sino también la pregunta. En ninguno de los dos referéndums celebrados –en 1980 y 1995– la pregunta fue independencia sí o no. Otro referéndum no está en la agenda política, pero los federalistas creen que con una pregunta clara las posibilidades de una victoria independentista se reducirían.

El Partido Liberal de Quebec –federalista– votó en el 2000 en contra de la ley 99 pero ayer aprobó la moción. Su líder parlamentario, Pierre Moreau, lo justificó argumentando que en aquel momento fue un error aprobar una ley en vez de una declaración solemne, pues la ley abría la vía a recursos judiciales, como ha ocurrido.

“Somos quebequeses libres”, dijo Moreau ante la Asamblea Nacional, un eco del Vive le Québec libre! del general De Gaulle en 1967. “Y, a partir de esta libertad, decidimos ser quebequeses y ser canadienses”.

24-X-13, M. Bassets, lavanguardia

Los quebequeses también tienen su derecho a decidir. Y Canadá también lo cuestiona.

En 1980 y en 1995 Quebec –la provincia francófona de Canadá– celebró sendos referéndums. La opción independentista perdió. Pero la disputa sobre las condiciones de otra consulta y sobre la posible secesión sigue abierta. Ottawa, la capital, quiere dejar claro que la provincia no puede separarse unilateralmente.

El Gobierno central de Canadá ha presentado un recurso para invalidar una ley quebequesa que consagra “el derecho inalienable” del pueblo de Quebec “a decidir en libertad el régimen político y el estatus legal de Quebec”. La llamada ley 99, adoptada en el 2000, dice que, en caso de consulta, la opción ganadora sería la que obtuviese un 50% de votos más uno. Y advierte de que “ningún parlamento o gobierno podrá reducir los poderes, la autoridad, la soberanía o la legitimidad de la Asamblea Nacional (de Quebec), o imponer una restricción a la voluntad democrática del pueblo de Quebec para determinar su futuro”.

Quebec adoptó la ley 99 en respuesta la ley de Claridad canadiense. Inspirada en un dictamen del Tribunal Supremo, esta ley establece que toda secesión debe ser negociada con el resto de Canadá y que, antes de negociar, el Parlamento de este país evaluará si la pregunta y el resultado son lo bastante claros. Canadá exige una pregunta con opciones claras –sí o no– y una “mayoría clara” en favor de la independencia.

Durante años la aparente contradicción entre ambas leyes ha quedado irresuelta. Activistas en favor de los derechos de los anglohablantes impulsaban hasta ahora los recursos. La revista Maclean’s ha revelado este fin de semana que el miércoles el Gobierno conservador de Stephen Harper intervino con un recurso del fiscal general de Canadá ante el Tribunal Superior de Quebec, que en el 2014 debe abordar el caso. El primer ministro Harper promovió en el 2006 una moción parlamentaria que reconoció que Quebec es “una nación dentro de un Canadá unido”.

El recurso, presentado sin ninguna publicidad, ha provocado reacciones airadas en Quebec. No sólo de los nacionalistas del Partido Quebequés (PQ), ahora el poder. Philippe Couillard, el líder del federalista Partido Liberal de Quebec, escribió en la red social Twitter: “El futuro de nuestro pueblo siempre lo decidirán las quebequesas y los quebequeses”. El ministro de Asuntos Intergubernamentales de la provincia, Alexandre Cloutier, del PQ, convocó ayer de urgencia a la Asamblea Nacional de Quebec “con motivo de un ataque frontal y malévolo”.

El texto del fiscal general de Canadá remite a expertos en el sistema federal de Estados Unidos y Alemania, según los cuales, en estos países, las posibles declaraciones de soberanía de los estados federados se supeditan a las respectivas constituciones.

En nombre de Ottawa, el fiscal general cuestiona que un resultado del 50% más uno en un referéndum sea suficiente, como sostiene la ley 99. Esto, según el fiscal general, sólo sería aceptable si el referéndum fuese “un mecanismo puramente consultivo”.

Sobre la parte de la ley quebequesa que consagra el derecho a la autodeterminación de Quebec, el recurso argumenta que sólo es compatible con la Constitución de Canadá si se interpreta como algo “puramente declaratorio”, sin efectos ante el exterior.

“El Tribunal debería declarar que, bajo la Constitución de Canadá, Quebec está establecido como una provincia de Canadá, y que la ley impugnada no provee la base para una declaración unilateral de independencia (...) o una secesión del Estado de Quebec de la federación canadiense”, se lee en el texto.

Ottawa plantea dos alternativas al Tribunal Superior: o bien rebaja la ley 99 para que que su validez se limite a las fronteras del Quebec (“sin más significado legal que si el Parlamento de la provincia de Nuevo Brunswick anunciase su capacidad para revocar la ley de la gravedad”, escribe Maclean’s), o bien la deja “sin fuerza ni efecto”.

El argumento jurídico de Quebec es que la ley 99 no lleva automáticamente a la declaración unilateral de independencia. Este escenario, como ha escrito el fiscal general quebequés, “se basa en una serie de hipótesis que ahora nada permite contemplar”.

Y en Quebec estas hipótesis –referéndum, victoria del sí, negociación fallida con Canadá...– todavía quedan lejos.

24-X-13, S. Bets/reuters, lavanguardia