¿quiénes son los responsables políticos de este nuevo saqueo al Dinero Público?
Las noticias sobre el proyecto Castor aparecidas en los medios parecen dar vida a la famosa novela Crónica de una muerte anunciada, no tanto por la verosimilitud trágica que lo rodea como por la falsa –por hipócrita– sorpresa de aquellos que hoy ven en el cese de la actividad una posibilidad más que evidente. ¿Cómo es posible que esta opción no se haya evitado dadas las circunstancias sociales, económicas y políticas en que se desarrolló? De nuevo se pone de manifiesto la dificultad de dar con la verdad, más cuando, como es el caso del Castor, los damnificados –por desconocimiento– de la historia parece que habremos de asumir, queramos o no, el coste de aquella paralización en beneficio del concesionario.
Más allá del fenómeno mediático, en el caso del Castor constatamos algunos elementos centrales. En primer lugar, la potencial judicialización del caso derivaría no de los daños causados, sino de las supuestas deficiencias del procedimiento administrativo o del real decreto de concesión del proyecto, es decir, una clara manifestación, de nuevo, de opacidad y/o incapacidad administrativa en la obligación de tramitar transparentemente un concurso público. Si a la ineficiencia le añadimos el conflicto de intereses que surgen como consecuencia de los elevados volúmenes económicos ligados a esta explotación, el resultado es, como mínimo, desastroso. En segundo lugar, no tratándose aparentemente de una adjudicación de acuerdo a la normativa –parece que falta el estudio de impacto ambiental–, el caso adoptaría consideraciones de responsabilidad administrativa y política de difusa y pesada resolución y atribución en contraste con el padecimiento inmediato de los ciudadanos. En tercer lugar, parece que los ciudadanos, tras haber manifestado abierta y democráticamente su malestar (angustias y temores fundamentados en un proceso claramente opaco) han (hemos) ganado la partida. Eso sí, parece que con el perjuicio añadido de la posibilidad de tener que pagar el coste de la paralización, ¿quizás con otra tasa turística? Pues que paguen con su dinero los responsables de haber jugado con los bienes públicos hasta el punto de asegurar al concesionario una indemnización con dinero público por la posible moratoria. En caso contrario, será una jugada más de tramposos en una Metamorfosis que haría enrojecer al propio Kafka.
24-X-13, Anna Garcia Hom, Centre de Recerca en Governança del Risc, lavanguardia