¿porqué sigue libre el kamikaze homicida indultado por el Gobierno?
El indulto se ha anulado, pero que nadie se confunda. El kamikaze que causó la muerte de un joven tras conducir varios kilómetros a contramano por la AP-7 tal vez no vuelva nunca a prisión. Fue condenado a 13 años de cárcel y después indultado, una decisión que recurrió la indignada familia de la víctima. Y el Supremo anuló ayer la concesión de esa medida de gracia. Pero al mismo tiempo dejó en suspenso durante los próximos tres meses la ejecución de su sentencia. Durante ese plazo, el Gobierno deberá subsanar los errores cometidos en el expediente de indulto. En buena lógica, por tanto, si dichas equivocaciones se corrigen y subsanan, la medida de gracia podría verse confirmada.
El Supremo ha necesitado tres días de intensísimos debates para decidir sobre el indulto a Ramón Jorge Ríos Salgado, el conductor kamikaze. La Sala estaba partida en dos mitades. Eran 38 magistrados. Se temió un empate irreversible, que exigiera la incorporación de jueces de otras salas. Al final, el indulto fue anulado, con las salvedades mencionadas, por 19 votos a 17. El ponente inicial, Carlos Lesmes, quedó del lado de la minoría, y ha tenido que ser sustituido por otro magistrado. Una situación tan dividida y tensa no se había vivido en el pleno de la Sala de lo Contencioso desde los días en que el Supremo tuvo que decidir sobre la permanencia o no de la asignatura de educación para la ciudadanía en los planes de estudio. También entonces necesitó varios días para adoptar una resolución.
La salida salomónica finalmente encontrada en este caso fue anular el indulto, pero de hecho no del todo. La sentencia no está redactada, pero fuentes del Supremo indican que el argumento central que prosperó en la Sala de lo Contencioso fue que un indulto es por su propia naturaleza discrecional, pero no puede ser arbitrario. Por tanto, la resolución le va a ordenar al Gobierno que justifique las razones por las que ha indultado al kamikaze.
El Gobierno ya adujo algunas razones en el expediente, pero el Supremo considera que no lo argumentó suficientemente. Sobre todo, porque el tribunal que condenó al kamikaze y la Fiscalía informaron en su día en contra de la medida de gracia. El Gobierno, a su vez, se apoyó en los informes de la junta de la prisión de Alicante –el kamikaze pasó diez meses en la cárcel– y de un sacerdote. En tales documentos se subrayaba la buena conducta del condenado y su voluntad de reparar el delito y rehabilitarse.
Todo ello ha sido insuficiente para el Supremo, cuya decisión obliga al Gobierno a justificar más a fondo el indulto y a volver a llevarlo al Consejo de Ministros. El acuerdo que éste adopte será a su vez nuevamente recurrible, y probablemente ésa sea la tarea que le queda por delante a la familia de la víctima, un joven de 25 años cuya novia, de 21, sufrió graves lesiones en el choque contra el coche del kamikaze.
Como el Gobierno está obligado a replantearse el indulto sobre la base de justificaciones más precisas, tampoco cabe descartar a priori que en la segunda ocasión conceda sólo parcialmente la medida de gracia, de modo que los 13 años de prisión se reduzcan sin llegar a anularse por entero. En todo caso, tendrá que medir muy bien su decisión para que no se reproduzca la polémica del primer indulto, que llegó a vincularse con el hecho de que un hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, trabaja en el despacho Uría y Menéndez, que llevó la petición de la medida de gracia. Por ahora, el hecho es que el indulto se anula, pero el kamikaze no ingresa en prisión.
8-XI-13, J.M. Brunet, lavanguardia
