el Poder Judicial, rehén de la Partitocracia
De las muchas reformas pendientes que tiene España, la de la Administración central y la de los órganos judiciales es de las que menos se habla. Pero, respecto de la segunda, casi cada día se publican noticias que tienen que ver con un sistema ya no obsoleto, sino que por su extrema politización se ha convertido en una tercera Cámara de representación política, una perversión que ha dejado la justicia a los pies de los caballos. Nadie se ha atrevido a afrontar la reforma de la Administración del Estado, a pesar de que su resolución podría ahorrar varios miles de millones de euros.
Estos días se habla de dos cuestiones que deberían ser trascendentales para el futuro de la judicatura y que son tratadas como si de una cuestión política se tratara. Una es la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la otra es la reunión del Tribunal Supremo para decidir cómo afrontar la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la llamada doctrina Parot. De la primera, sobre la que existe un principio de acuerdo entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, se ha suspendido la firma por unas semanas debido a algunas diferencias. Si el reparto de vocales del CGPJ parece concluido –10 para el PP, 8 para el PSOE y los dos restantes para CiU y PNV–, no hay acuerdo sobre el presidente. La razón es que, para acceder al cargo, el magistrado optante debe llevar como mínimo tres años en el Supremo. Como a uno de los candidatos le faltan unas semanas para cumplir este requisito, el PSOE, aduciendo una indisposición –real– de Rubalcaba, ha aplazado la concreción del acuerdo. Un argumento más que demuestra hasta qué punto está politizado el máximo órgano de gobierno de los jueces.
La cuestión no es tanto la forma en que son elegidos los vocales del CGPJ, puesto que teóricamente son nombrados por las dos cámaras, Congreso y Senado, a propuesta de los grupos parlamentarios, sino que la desaforada presión de los partidos sobre sus elegidos ha acabado por convertir el órgano en un espacio de batalla política, tal como sucedió en el Tribunal Constitucional (TC) ante la sentencia del Estatut de Catalunya. Entonces, las maniobras del PP por mantener su supremacía en la más alta instancia, y las consiguientes escaramuzas del PSOE, dieron como resultado el descrédito del TC. De aquellos polvos y de la dureza de la sentencia sobre un Estatut que había sido aprobado en referéndum popular, vienen los lodos de la llamada profunda desafección catalana. Lejos de haber asumido la lección que se desprende de aquella y otras situaciones similares, el PP y el PSOE siguen enfangados en un combate político respecto a la constitución de un CGPJ que tampoco cuenta con el crédito que debería de la ciudadanía.
Tampoco favorece la credibilidad de la judicatura el varapalo del Tribunal de Estrasburgo a la doctrina Parot, que en su día fue avalada por el Supremo. El pleno de la Sala de lo Penal, reunido ayer, no tuvo otra opción que avalar la excarcelación de presos, ante la nula capacidad de maniobra que deja la sentencia del tribunal internacional y que dejaba sin efecto todas las sentencias en ejecución dictadas antes del 28 de febrero del 2006 a causa de la aplicación de un principio de retroactividad que vulnera los derechos humanos.
Ambas reformas, la de la Administración del Estado y la de la judicatura, pese a su urgencia, siguen estando en el limbo de los legisladores.
13-XI-13, lavanguardia