en el país donde el saltarse la Ley es legalizado...
El Gobierno del PP del señor Bauzá, con legítima mayoría absoluta, pretende que empecemos a tragarnos las excepciones a la regla como un nuevo mandamiento salido del horno. Aunque estas excepciones sean nada menos que 30.000 casas ilegales. Cómo debe interpretarse, si no, que ahora se premie con un indulto a aquellos que trasgredieron la norma para levantar su chalecito en un terreno agrícola en desuso. De la reconversión de la industria agrícola a la ley del Far West hay un buen trecho. Resultaba muy apetecible convertir una casa de aperos y un huerto en una masía con piscina a los cuatro vientos. El egoísmo individual, el desprecio por el territorio y que muchos alcaldes hicieran la vista gorda lo hicieron posible. A una servidora le gustaría observar la cara de idiota que se le debe haber quedado a más de un ciudadano que sí cumplió las reglas. Aquel que no jugó con la ley al gato y el ratón, a diferencia de su vecino, el que se hizo el chalet sin licencia ninguna. Pobre iluso, el ciudadano ejemplar: ahora, encima, acabará viendo cómo su vecino vende la finca legalizada a precio de mercado.
Lo que se dispone a hacer Bauzá es homologar la permisividad, y es justo eso lo que resta toda credibilidad a su discurso de que a partir de ahora todo será distinto. El mensaje llega nítido: haced lo que os dé la gana porque todo se acaba legalizando. Los criterios económicos y el clientelismo se imponen. Mal augurio.
6-XII-13, S. Quadrado, lavanguardia
Onofre Rullán, catedrático Análisis Geográfico UIB
Es uno de los mayores expertos de las islas en ordenación del territorio, un ámbito en el que ha llevado a cabo una gran tarea investigadora. Ha analizado, por ejemplo, la relación entre desarrollo turístico y sostenibilidad territorial en Balears y en el conjunto del Estado.
¿La posibilidad de legalizar miles de construcciones en suelo rústico puede difundir un mensaje de laxitud hacia las infracciones urbanísticas?
Sin duda. A las administraciones siempre les ha costado hacer cumplir la ley, especialmente cuando su incumplimiento se da en lugares no siempre visibles, como el suelo rústico o en los consejos de administración de las empresas y instituciones financieras. Mucha gente es consciente de esto y se aprovecha. Esta legalización será una especie de confirmación de impunidad.
El Gobierno balear aduce que las casas en cuestión no se pueden derribar porque las infracciones han prescrito. ¿Justifica esto una legalización?
Lo que no dice el Govern es que sin una legalización como la que plantea, estas edificaciones estarían bastante devaluadas a la hora de utilizarlas de garantía hipotecaria o de valorarlas a efectos de herencias. Incluso tienen problemas para inscribirlas en los registros o incorporarlas a las escrituras de la propiedad.
Si la legalización no es apropiada, ¿cuál es la solución?
En ningún caso dejar que puedan entrar libremente en el mercado inmobiliario. Si no se pueden eliminar por la inacción consumada de nuestras administraciones, que usen el bien, pero que no lo puedan vender a precio de edificación legal, que no les sirva para financiar otras operaciones, ya que es patrimonio conseguido al margen de lo que los planes establecen para todos.
El Ejecutivo se escuda en que las administraciones locales han mirado hacia otro lado hasta ahora. Con este proyecto, ¿cambiará la situación?
De ninguna manera. Creer en esta posibilidad es como creer que el pastor que se ha pasado las últimas décadas durmiendo a partir de ahora será un buen guardián de las ovejas. En cualquier caso, no creo que la insostenibilidad palmaria de nuestro modelo urbanístico venga de las edificaciones ilegales. Hacen mucho más daño muchas de las legales.
Con los cambios que impulsa el PP, ¿qué puede pasar con el valor agrario que, históricamente, ha tenido el suelo rústico isleño?
Si el valor inmobiliario de cambio supera el valor agrario productivo –y con esta legalización se va en esta línea– cada vez veremos más chalets y menos olivares y almendros, menos gestión agraria y más gestión urbana, menos paisaje tradicional y más paisaje posmoderno.
¿Por qué se ha producido una proliferación tan descontrolada de segundas residencias en Mallorca y en Eivissa en las últimas décadas?
Pues porque cuando abrimos del todo y sin control la compuerta al dinero europeo para comprar trocitos de Mallorca y de Eivissa, los inversores (locales y foráneos) se dieron cuenta de que nuestro maravilloso paisaje mediterráneo, en realidad, iba regalado. El libre mercado hizo el resto.
¿La presión turística y la demanda de casas pueden justificar una relajación de las leyes territoriales?
Relajar las leyes urbanísticas y territoriales es como dejar beber un poco a los alcohólicos con la esperanza de que incrementando la producción, derivada de un mayor consumo, se obtendrán unos beneficios que nos permitirán hacer políticas de prevención del alcoholismo. Un engaño interesado y nada inocente.
6-XII-13, S. Quadrado, lavanguardia