las aventuras del Lazarillo de Tormes en el Canal de Panamá
Así, la gran baza de Sacyr para ganar el concurso fue incorporar a su consorcio a un socio local, Constructora Urbana, SA (CUSA), una empresa propiedad de la familia del presidente de la Autoridad del Canal que adjudicaba las obras. Alberto Alemán Zubieta, presidente de la ACP desde que Panamá recuperó la propiedad del Canal, había sido el anterior presidente de CUSA, que en el momento de ganar el contrato estaba presidida por su primo Rogelio Alemán.
El contrato para ampliar el Canal de Panamá, una de las obras de ingeniería más importantes que se están realizando en el mundo, fue uno de los mayores éxitos que se apuntó Luis del Rivero como presidente de Sacyr. Por su importe económico (3.118 millones de dólares), pero sobre todo por el prestigio que le aportaba cuando se presentaba a licitar otras obras de menor envergadura en todo el mundo. Esta semana, sin embargo, apenas tres años y medio después de que en julio de 2009 su oferta se impusiera a las que lideraban ACS y la americana Bechtel, ha amenazado con parar las obrar en 21 días si la Autoridad del Canal (ACP) no le reconoce un sobrecoste de obra del 50%. La crisis abierta con el gobierno panameño ha puesto de manifiesto que la aventura americana de Sacyr se basaba en los mismos frágiles pilares que arrastraron a la compañía en España: un negocio con un fuerte componente clientelar, basado en el apoyo del gobierno Zapatero y sostenido en el endeudamiento, ante su bajo ratio de fondos propios.
La ampliación del Canal de Panamá fue calificada como el "contrato del siglo": el gobierno panameño lo sacó a licitación en 2006 por 3.481 millones de euros y el consorcio que lideraba Sacyr (48%), junto con la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA ganó la puja con una oferta por 3.118 millones, inferior al precio de salida estimado por la Autoridad del Canal. La oferta del Grupo Unidos por el Canal (GUPC) fue además más de 1.000 millones de dólares inferior a la de su inmediato competidor, el consorcio americano-japonés liderado por Bechtel con las japonesas Taisei y Mitsubishi (4.185 millones), y al consorcio que formaban ACS, Acciona y FCC (5.981 millones). "El precio ofertado no da ni para poner el hormigón" aseguraban los directivos de Bechtel, según los cables que la embajada americana en Panamá enviaba a su Gobierno, que fueron filtrados por Wikileaks. Bechtel había presentado una oferta que consideraba muy ajustada y que contaba con el apoyo de la administración Obama que quería recuperar la influencia americana en el Canal, muy reducida tras haber sido devuelto a Panamá en 1999.
Sacyr, sin embargo, confiaba en repetir en Panamá el modelo de puja habitual en España en los grandes concursos públicos: asegurarse la victoria ofreciendo un precio ínfimo (conocido en el sector como "baja temeraria") y negociar luego un ajuste al alza con las autoridades locales, alegando desviaciones imprevistas de costes, aprovechando conexiones personales, simpatías o entrando en otras vías que han llenado los juzgados españoles de investigaciones por corrupción.
Así, la gran baza de Sacyr para ganar el concurso fue incorporar a su consorcio a un socio local, Constructora Urbana, SA (CUSA), una empresa propiedad de la familia del presidente de la Autoridad del Canal que adjudicaba las obras. Alberto Alemán Zubieta, presidente de la ACP desde que Panamá recuperó la propiedad del Canal, había sido el anterior presidente de CUSA, que en el momento de ganar el contrato estaba presidida por su primo Rogelio Alemán.
El nuevo gobierno panameño, sin embargo, empezó a temer "que el administrador del Canal podría haber empujado la subasta hacia el consorcio que incluye la CUSA" reconoció el ministro de asuntos exteriores y vicepresidente del Gobierno, Juan Carlos Varela, a la embajadora estadounidense y a una delegación de congresistas, según los cables de Wikileaks a finales de 2009. "El proyecto de ampliación del Canal es un desastre. En dos o tres años resultará evidente que todo esto ha sido un error", aseguraba.
Pese a que la Administración del Canal no se cansaba de informar de lo bien que iban las obras (en 2010, en una visita de periodistas españoles, llegaron a asegurar que acabarían antes del plazo previsto) el gobierno panameño finalmente relevó a Alemán en 2012. Su sucesor, Jorge Luis Quijano, no fue tan complaciente: aunque se avino a retrasar el plazo de entrega, de febrero de 2014 fijado inicialmente a junio del 2015, sin las penalizaciones económicas previstas en el contrato, no aceptó las reclamaciones económicas de desvíos de costes solicitadas por el GUPC (en 2012 reclamó 580 millones de dólares de desviación, y en 2013 otros 800 millones) y remitió al consorcio a los mecanismos de arbitraje fijados en el contrato: una Junta de Resolución de Conflictos (un tribunal de arbitraje local, conocido como DAB) y en última instancia a un tribunal arbitral en Miami. Sacyr, que había reclamado la desviación de 2012 en el DAB, ha retirado esa reclamación para negociar el desvío total de la obra, de 1.600 millones de dólares.
Luis del Rivero se impuso como objetivo ganar a toda costa el contrato del Canal en un momento en que se dudaba incluso de la supervivencia de Sacyr: había fracasado estrepitosamente en su asalto al BBVA; el Gobierno italiano acababa de anular otro proyecto estrella que lideraba, el puente sobre el estrecho de Mesina; estaba atascado en sus intentos de controlar la constructora francesa Eiffage y la petrolera Repsol, y tenía duras negociaciones con la banca para renegociar su deuda.
Sacyr asumió estos retos contando con el apoyo, a menudo muy activo, del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El ministro de Fomento, José Blanco, aseguró tras la adjudicación que el contrato de Panamá enorgullecía al país. Y el propio ejecutivo lo había convertido en un asunto de estado e hizo gestiones para facilitar su buen término: invitó a España al nuevo presidente, Ricardo Martinelli, que se reunió en Madrid con el Rey, con el presidente Zapatero, y con el presidente de Seopán, David Taguas. El gobierno fue más allá de la diplomacia y a través de Cesce, la compañía de seguros a la exportación, avaló 350 millones euros de la fianza de 600 millones que Panamá exigía al consorcio para garantizar el buen fin de las obras.
El proyecto de Panamá muestra también la extrema debilidad financiera de la operativa de Sacyr: la constructora explicó en su momento a la CNMV que la obra había de aportarle un beneficio operativo del 6% (unos 70 millones de euros, dada su participación en el consorcio). Un margen que no le permitía asumir una desviación de costes como la que ahora reclama. La firma, además, obtiene cerca del 14% de su facturación del proyecto del Canal, aunque en esta cifra, según ha reconocido a la CNMV, ha incluido los sobrecostes que reclama a Panamá pese a que su gobierno nunca los ha aceptado.
5-I-14, R. Salvador, lavanguardia