tarifas eléctricas: una Gran, e insultante, Tomadura de -nuestro- Pelo

La improvisación parece haberse instalado de manera permanente en el sector eléctrico español. Ahora, el Ministerio de Industria ha retrasado dos meses, hasta el 1 de junio, la entrada en vigor del nuevo mecanismo de revisión del precio doméstico de la electricidad, a la vista de la complejidad técnica para su implantación. Pero esto es tan sólo la punta del iceberg de un problema de fondo mucho más amplio: la dificultad del Ministerio de Industria para afrontar una reforma eléctrica en profundidad estable y con visión de futuro.

No es extraño que el problema del sector eléctrico que tiene España sobrepase la capacidad de un mero departamento ministerial porque se ha convertido en una cuestión de Estado que, a la vista de los hechos, el Gobierno no acierta a gestionar adecuadamente, ni tampoco los partidos de la oposición en las propuestas que plantean.

En primer lugar porque coloca en una constante incertidumbre económica a las familias y empresas españolas sobre un coste tan vital como es la tarifa de la luz, que no cesa de encarecerse. Y, en segundo lugar, porque la inseguridad jurídica del marco eléctrico lesiona los intereses de las compañías del sector y pone en peligro sus programas de inversiones, que son básicos para el sostenimiento y mejora de un suministro estratégico para todos.

Nadie dice que el problema sea fácil o que haya una solución que pueda satisfacer a todos. De entrada porque España arrastra una colosal deuda de 30.000 millones de euros por electricidad consumida y no pagada en los últimos quince años y, en segundo lugar, porque la tarifa de la luz incorpora costes ajenos al propio sector eléctrico, a diferencia de lo que sucede en otros países, que la convierte en una de las más caras de Europa, con la pérdida de competitividad que ello provoca.

Es evidente que detrás de todo ello hay un enorme déficit público oculto que el Gobierno se niega a asumir, para no incrementar los límites pactados con la Unión Europea, que podrían provocar un serio problema de credibilidad internacional, justo ahora cuando el país acaba de iniciar la recuperación.

Lo que intenta el Ministerio de Industria es salir del paso a través de la reducción de costes del sistema, que castiga a todas las empresas del sector, y del aumento de ingresos, cuya carga recae sobre los consumidores. Pero esta ecuación es imposible de resolver sin ocasionar daños irreparables al conjunto de la economía, si el Estado no aporta su parte. Por ello, la necesidad de un gran pacto de Estado sobre la energía entre los partidos mayoritarios del arco parlamentario, y entre todas las partes implicadas, para acordar una hoja de ruta a corto, medio y largo plazo, es fundamental para definir un marco regulatorio que aporte confianza y seguridad jurídica, dentro y fuera del país.

Lo que no puede ser es que el Gobierno intente legislar sin dialogar con las empresas del sector, que son las más directamente implicadas, ni buscar acuerdos ni complicidades con la oposición. Porque esta posición se ha traducido, en los últimos dos años, en la promulgación de numerosas iniciativas legislativas y de normas que han levantado muchas chispas y han solucionado pocas cosas. Y así se seguirá, probablemente, mientras no se alcance ese gran pacto eléctrico, que debe ser fruto del debate, de la transparencia y de la responsabilidad colectiva.

11-III-14, lavanguardia

El Gobierno aplaza la aplicación de la nueva fórmula para facturar la luz según el precio del mercado mayorista como pronto hasta el 1 de julio. De esta forma, el Ministerio de Industria, pese a que aprobará la medida antes del 1 de abril, cede ante las peticiones de las eléctricas, que insistían en que era imposible adaptar sus sistemas informáticos y contadores digitales para el 1 de mayo, como estaba previsto.

El ministerio, capitaneado por José Manuel Soria, remitió al Consejo de Estado a finales de la semana pasada el borrador del real decreto, al que ha tenido acceso La Vanguardia, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor (que sustituirá a la tarifa de último recurso) y su régimen jurídico de contratación. Ayer, Soria admitió que se tardará "meses" en aplicar la nueva fórmula.

Esto significa que las eléctricas seguirán facturando al precio de 48,41 euros por megavatios hora (MWh), como fijó el Gobierno para el primer trimestre, tras la invalidación de la última subasta de diciembre. La media del pool eléctrico durante los dos primeros meses del 2014 ha sido 25,37 euros (en enero estuvo a 33,62 euros y en febrero, por la ciclogénesis explosiva bajó a mínimos, hasta 17,12 euros). Ello hace que el precio del mercado mayorista sea un 47% inferior a lo que fijó el Ejecutivo. La nueva normativa recoge explícitamente que se devolverá a los usuarios lo pagado de más hasta que se establezca el sistema definitivo.

El problema sigue siendo que de los 16 millones de puntos de suministro que tienen derecho a la nueva fórmula, sólo cinco millones tienen instalados contadores digitales con telegestión y telemedida. Al resto, once millones de consumidores, se les clasificará en perfiles y se les facturará con medias aritméticas.

El real decreto fija la letra pequeña con las dos opciones que las eléctricas tendrán que ofrecer a los consumidores: precio de mercado de cada día, más vulnerable, pero real; o un precio anual con sobrecoste, pero más estable. Si se opta por ésta última opción, se obliga a un año de permanencia como mínimo.

La nueva normativa detalla algunos temas interesantes. Uno de ellos es que los consumidores podrán conocer un día antes en la página del operador del sistema, el precio real de la luz "de las 24 horas del día siguiente". Así, podrán planificar el uso de los electrodomésticos para enchufarlos cuando el precio de la energía sea más barata y ahorrar.

El decreto también incluye el modelo de carta que las eléctricas tendrán que enviar para explicar todas las modificaciones. Fija que Endesa, Iberdrola, Gas Natural, EON y EDP seguirán siendo comercializadoras de referencia, aunque se podrán sumar nuevas firmas si cumplen ciertos criterios empresariales y económicos.El decreto detalla que las nuevas facturas se compondrán de tres términos (potencia, energía activa y a partir del año 2019 se añadirá energía reactiva) a los que habrá que sumar los impuestos y el alquiler del contador.

Como la ponderación de la parte fija (potencia) se ha incrementado en los últimos meses, la nueva legislación señala que, si la potencia máxima demandada es inferior al 85% de la contratada, se tendrá que facturar por ese concepto sólo por el 85% y no por el 100%.

La nueva normativa ofrece incluso a los consumidores contratar con una compañía la energía y con otra el acceso a la red, pero esto hoy por hoy sólo lo hacen las grandes empresas, ya que las nuevas facturas podrán tener hasta 1.488 precios distintos. También fija los criterios de los clientes más vulnerables, ya que desaparece el bono social, pero se les aplicará un 25% de descuento en todos los conceptos del recibo.

Sea como sea, de este modo las compañías eléctricas ganan tiempo y este pulso a Soria, ya que perciben que sus ingresos disminuirán con la nueva metodología. Sus argumentos son técnicos, pero algunos expertos apuntan que el aplazamiento responde más a criterios económicos. Es cierto que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia también recomendó al Gobierno aplazar su puesta en funcionamiento un mes. Finalmente, según figura en la disposición adicional décima del último borrador "esta obligación será exigible a partir del 1 de julio del 2014". Es decir, que el Gobierno tenía previsto conceder un mes a las eléctricas para adaptar los sistemas y, ahora, les da tres.

11-III-14, C. Lafraya, lavanguardia