España cañí -152: (nuestros) Archivos de Exteriores ni están accesibles ni dicen porqué (¿los han perdido?)
Los historiadores discrepan de la política de apertura de archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Cuando solicitan el acceso a los archivos que guardan las incidencias de las relaciones externas de España para documentar trabajos históricos se encuentran con una obstinada negativa: "Esta documentación no está disponible", dicen los archiveros. Es desconcertante que los profesionales de la historia tengan que ir a archivos de otros países para investigar en la historia española. Y sonrojante, además, que el secretismo no vaya acompañado con semejante celo a la hora de custodiar los documentos.
Un catedrático denunció que el Gobierno español no encontró en sus archivos los documentos que acreditaban la propiedad española del islote de Perejil y tuvo que solicitarlo a los franceses, que debieron de contener la risa. No sólo por un deber de transparencia, sino también de facilitar su labor para construir una historia veraz, el ministerio debería escuchar a los historiadores.
4-II-14, lavanguardia
Los archivos de Exteriores ya habían dado que hablar antes de las restricciones que hoy se denuncian. Los fondos presentan, según los especialistas, deficiencias de catalogación que también perjudican al Ejecutivo. El catedrático Juan Carlos Pereira recuerda algunos casos. "Cuando el incidente de Perejil, el Gobierno no halló los papeles que probaban la propiedad de la isla. Hubo que pedirlos a Francia", recuerda. El reciente traslado de los fondos también habría causado problemas. Como, según Pereira, el originado en el 75.º aniversario de la noche de los Cristales Rotos en Alemania: "España fue el único país que no aportó las notas de su embajador. Porque su archivo estaba 'en obras'".
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Qué órdenes recibieron y qué informaciones aportaron los embajadores de España en Alemania y Francia al estallar la Gran Guerra europea, de la que ahora se cumplen cien años? Si usted, lector inquieto o investigador profesional, quiere ahondar en el asunto más allá de lo ya publicado al respecto, más le vale hacer las maletas para ir a preguntar en los archivos de Berlín y París. Porque aquí, en España, el Ministerio de Exteriores tiene cerrados sus fondos históricos. "Imposible. La documentación no está disponible", responden los custodios de esos y los demás millones de papeles que ilustran la acción y relaciones externas de España desde el siglo XV hasta hace 25 años. El asunto tiene a los historiadores en pie de guerra.
Los archivos de Exteriores permanecen inaccesibles desde hace casi año y medio, aunque los problemas empezaron antes. Las primeras denuncias datan de otoño del 2011, cuando los archiveros del ministerio negaron verbalmente información histórica a los investigadores Carlos Sanz y Álvaro Jimena. El primero había pedido documentos sobre las relaciones de España con Alemania entre 1970 y 1982; el segundo, acerca de las mantenidas con China, Japón y Filipinas de 1975 a 1982. Ambos recabaron una explicación de la negativa por escrito. La respuesta llegó medio año después. El "no" se debía a un acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2010 sobre clasificación como "secretas" de catorce materias de las relaciones de España con el exterior.
La disposición, que no se publicó en el BOE, venía a vetar o dificultar gravemente el acceso a la información sobre prácticamente todas las actividades de la diplomacia española a lo largo de su rica historia. Lo hacía al otorgar la clasificación de secreto "con carácter genérico" a cualquier documento, informe o dato cuya revelación pudiera poner en riesgo no sólo "la seguridad y defensa de España" -como ya establecía la legislación al respecto- sino también cualesquiera "intereses políticos, sociales, económicos y comerciales", sin más concreción. Como en ese cajón de sastre de "intereses" cabía casi todo, los directores generales en quienes recaía la responsabilidad de dar o no acceso a cada información, solían curarse en salud -según los historiadores consultados- denegando las peticiones.
El acuerdo sobre extensión del secreto lo había propuesto el ministro Miguel Ángel Moratinos tres meses después de las primeras filtraciones de Wikileaks (sobre la guerra de Afganistán), y cuando aún resonaban los ecos del escándalo por la autorización gubernamental de las escalas de los vuelos de la CIA para conducir presos a Guantánamo. De hecho, uno de los asuntos que se clasificaban era el relativo a pactos relacionados con sobrevuelos, estancias y escalas de buques y aeronaves".
Otras materias declaradas secretas eran, y son -puesto que la resolución sigue vigente-, las referidas a las "posiciones básicas" y actuaciones de España -en todo tiempo y situación-, ya sea en negociaciones normales o en conflictos internacionales; ante el terrorismo y el crimen organizado, o respecto al asilo y otros derechos.
Tal generalización del secreto condujo a la denegación de todo tipo de consultas, desde por ejemplo una acerca de las relaciones entre España y la Santa Sede en el siglo XVIII hasta otra sobre las comunicaciones entre el régimen de Franco y los países soviéticos.
El malestar de los investigadores trascendió a los medios de comunicación a mediados de 2012. Entonces el ministro García-Margallo anunció una rectificación del secretazo mediante una nueva resolución acorde con el proyecto de ley de transparencia. Pero lo que llegó en septiembre de aquel año fue la clausura total de los fondos históricos de Exteriores y su transferencia, por razones operativas, a dos entidades de Cultura: el Archivo Histórico Nacional (documentos hasta 1931) y el Archivo General de la Administración (de 1932 a 1980). Hoy es el día en que ambas instituciones siguen denegando sistemáticamente el acceso a los papeles con el argumento de que aún falta identificar la documentación y recibir instrucciones sobre el "régimen de consulta". Los archiveros no dan plazos de solución.
Cerca de 300 historiadores e investigadores de más de cien entidades académicas de 16 países dirigieron hace meses al Gobierno y al Parlamento una dura protesta contra el "cierre indefinido e injustificable" del archivo de Exteriores y la clasificación como secreta o reservada de "la práctica totalidad" de los fondos. Tales decisiones "degradan la calidad de la democracia española" al impedir el ejercicio del derecho a la información histórica, dijeron. Los promotores de esta acción conjunta, entre ellos el catedrático de la Complutense de Madrid Juan Carlos Pereira y el profesor de la misma facultad Carlos Sanz, renuevan ahora sus críticas por lo que consideran un "desprecio a nuestra historia con un coste incalculable" para profesionales y ciudadanos. Cientos de investigaciones, tesis y libros ya contratados están parados por culpa de la clausura de fondos, denuncia asimismo el historiador y catedrático emérito Ángel Viñas. A su juicio, el traslado del archivo es un "episodio lamentable" del que "surge la sospecha de que se intenta entorpecer la labor de los especialistas en la idea, quizá, de que esos archivos contienen demasiados cadáveres en sus armarios".
El ministro Margallo aseguró en agosto que el Gobierno ya tenía a punto el proyecto de nuevo acuerdo que debe sustituir al de Moratinos de 2010. La resolución permitirá "un acceso más fácil y libre a la documentación, con algunas exclusiones", aseguró. Y precisó que su aprobación sería más oportuna tras la entrada en vigor de la ley de Transparencia, aprobada en noviembre. Un portavoz del ministerio confirmó ayer estas indicaciones y señaló que el departamento "lamenta las molestias" ocasionadas. Los historiadores siguen esperando el nuevo acuerdo anunciado por Margallo y la reapertura de los fondos en su nuevo destino.
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A la controversia por la clasificación como secreta de una amplia aunque indefinida porción de los archivos de Exteriores se suma la causada por la aparente reticencia del Ministerio de Defensa a desclasificar 10.000 documentos de los años 1939 a 1968, es decir, de la Guerra Civil y la dictadura de Franco. La exministra Carme Chacón había previsto el levantamiento del secreto, e incluso había redactado el borrador de la medida, habida cuenta de que la documentación ya no representaba riesgo alguno para la seguridad del Estado. El acuerdo no se aprobó por falta de tiempo. Entonces llegó el Gobierno del PP y el nuevo titular del departamento, Pedro Morenés, aparcó la desclasificación. Los historiadores críticos con las restricciones de Exteriores vieron en el parón otro intento de ocultación de informes históricos y denegación de derechos democráticos. No obstante, el ministro aclaró en octubre que el asunto está "en estudio". Lo dijo en respuesta a una pregunta parlamentaria de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, quien había criticado la "limitación de transparencia" por la clasificación. Defensa reiteró la respuesta en diciembre. Al mismo tiempo Exteriores aseguró que sus responsables venían aplicando el acuerdo sobre clasificación de materias "en el sentido más favorable posible hacia los investigadores".
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