¡¿porqué tenemos que pagar Nosotros las pérdidas de Florentino Pérez?!
La reclamación de más de 300 millones a los estados español y francés por parte de TP Ferro tiene un denominador común con la compensación recibida por los accionistas del almacén de gas Castor: la ACS de Florentino Pérez. Tanto en un caso como en el otro, el también presidente del Real Madrid estaba detrás de la concesión. En el caso de Castor, que recibió hace un año una indemnización del Estado de 1.350 millones, ACS tenía el 67% del capital. En TP Ferro, adjudicataria de la infraestructura licitada por Francia y España, el grupo constructor liderado por Pérez controla el 50%. Las críticas de los sectores económicos y políticos obedecen a la incongruencia de que los operadores privados que se adjudican determinadas concesiones públicas vean cubiertos sus riesgos de forma que, cuando el negocio no rinde, sea el Estado con el dinero de los contribuyentes el que pague el pato.
Nuestro diario abre hoy la sección de Economía con una información que invita a reflexionar sobre la política de obras públicas en los últimos veinte años. La empresa TP Ferro, participada a partes iguales por la compañía francesa Eiffage y por la constructora española ACS, reclama una indemnización de 304 millones de euros a los estados francés y español por el fracaso comercial de la concesión del túnel ferroviario de El Pertús, infraestructura fundamental para la conexión entre España y Francia con vía férrea de ancho europeo. Por El Pertús circulan actualmente los trenes de alta velocidad AVE (Alta Velocidad Española) y SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français) que cubren el trayecto entre París y Barcelona. El mismo túnel es utilizado por los trenes de mercancías de ancho internacional que conectan el puerto de Barcelona con la red ferroviaria francesa. En pocas palabras, el túnel de El Pertús es un importante eslabón del reclamado corredor mediterráneo. Cuando el ancho de vía internacional conecte con los demás puertos mediterráneos, los trenes de mercancías de la España más exportadora deberán pasar por un túnel de peaje que no tiene en estos momentos un trazado alternativo.
La empresa TP Ferro, que hace unos meses presentó concurso de acreedores con una deuda de 550 millones de euros, alega que no se han cumplido los planes comerciales inicialmente fijados en el contrato de concesión. De los 44 trenes diarios de pasajeros que se habían previsto en el 2004, en el último año sólo han circulado 11 al día por cada sentido. La frecuencia de 96 convoyes semanales de mercancías se ha visto rebajada a 30. Sin duda, las expectativas de tráfico no se han podido cumplir como consecuencia de la crisis económica y también como consecuencia del desaforado optimismo que reinaba en este país a principios de siglo. Pero hay más motivos. El túnel presenta dificultades técnicas para los trenes de mercancías. Proyectado inicialmente para uso exclusivo de la alta velocidad, tiene una pendiente excesiva para los convoyes de mercancías, que necesitan una tracción más potente para cubrir su recorrido. Doble máquina o locomotoras de mayor potencia, con el consiguiente encarecimiento del servicio.
No se pensaba en el corredor mediterráneo en el 2004 -en el 2002, el gobierno Aznar hizo todo lo posible para que este proyecto fuera excluido de la red de prioridades europeas- y la euforia de la alta velocidad se ha visto corregida por la dura realidad. ACS, la empresa constructora que preside Florentino Pérez, pide un millonario resarcimiento. ¿Debe ahora pagar el Estado?
TP Ferro, concesionaria del túnel ferroviario de El Pertús para mercancías y pasajeros, exige 304 millones de euros a los estados español y francés tras sentirse perjudicada económicamente por ambas administraciones y ver incumplidas sus perspectivas de negocio. La reclamación más importante, de 268 millones, se produjo el pasado julio, al mismo tiempo que la compañía participada a partes iguales por ACS y Eiffage presentaba concurso de acreedores en Girona con una deuda de 550 millones.
TP Ferro invocó la cláusula 24 del contrato de concesión y acudió a la vía administrativa para exigir a España y Francia 200 millones para proceder "al reequilibrio económico de la concesión". Es decir, pidió su rescate por los dos estados que en el 2004 le adjudicaron la construcción de la infraestructura y su gestión para los siguientes 50 años. Las causas por las que TP Ferro requirió la citada cantidad son "el hecho imprevisto de la modificación radical de la estrategia comercial de las empresas ferroviarias y la crisis económica y financiera del 2008".
El Ministerio de Fomento, que ayer no quiso comentar este asunto, no ha atendido las exigencias de TP Ferro. Discrepa, como también lo hace el sector. Fuentes ferroviarias explicaron ayer que el fracaso de la vía se debe a otras razones. Sobre todo, a su diseño, que impide la circulación de las locomotoras convencionales en los trenes de mercancías. Sólo Renfe puede operar el tramo con unas locomotoras adaptadas que no comparte con la competencia.
Las empresas privadas aseguran también que TP Ferro no ha llevado a cabo política comercial alguna. Un consultor especializado en transporte que pide el anonimato explicó ayer que, en lo que se refiere al tráfico de pasajeros, el incumplimiento de las expectativas obedece a la fuerte competencia del avión y a que hace falta más tiempo para que el tren de alta velocidad madure y gane tráfico.
Al margen de los 200 millones de euros citados, TP Ferro pide otros 68 millones a España y Francia por supuestos "incumplimientos contractuales por no haber realizado las infraestructuras ferroviarias indispensables para el desarrollo efectivo de una red ferroviaria de alta velocidad entre Francia y España". Ambos estados se negarán a pagar los 268 millones a TP Ferro -ya rechazaron en junio aportar entre los dos 140 millones para evitar el concurso de acreedores- y la reclamación acabará, previsiblemente en la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional y su órgano judicial equivalente en Francia dentro de unos meses.
Pero hay más. Hace dos años, en agosto del 2013, TP Ferro ya acudió al Tribunal Arbitral Internacional para pedir un resarcimiento de 36,2 millones a causa del supuesto perjuicio sufrido por el retraso de un año en la puesta en servicio de la infraestructura. Entre esta reclamación, que no se resolverá -según TP Ferro- hasta finales del 2016 o principios del 2007, y la del pasado julio por al menos 268 millones (sin contar los intereses de demora), la concesionaria exige 304,2 millones a las administraciones públicas.
El colapso de la empresa, que ayer no atendió las llamadas de este diario, se ha debido -al margen de los aducidos perjuicios derivados de la actuación pública- al incumplimiento de su propio plan de negocio. En el último ejercicio, circularon por el túnel 11 trenes de pasajeros al día (22 en los dos sentidos), frente a los 44 previstos por la compañía cuando presentó su oferta. Lo mismo sucedió con los convoyes de mercancías, que se limitaron a los 30 semanales en el 2014 en vez de los 96 presupuestados en su momento. Esto llevó a que los ingresos por tráfico se limitaran a los 9,3 millones en lugar de los 40 millones previstos. Con esta facturación, TP Ferro asegura que ni tan siquiera cubre sus gastos operativos. Y, obviamente, no puede pagar su deuda bancaria, vencida desde el pasado 31 de marzo.
3-IX-15, lavanguardia