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"La pancarta del títere", Xavier Antich

Lo dice el periodista Will McAvoy en el capítulo que cierra la serie televisiva The newsroom, del prodigioso Aaron Sorkin: “Para resolver un problema, lo primero es reconocerlo”. Una mala pregunta, difícilmente dará con alguna respuesta adecuada. Una mala descripción del síntoma, sólo puede errar el diagnóstico.

La filosofía política nos enseña que, en democracia, no hay asunto menor, aunque en primera instancia pueda parecerlo o aunque el número de afectados sea cuantitativamente irrelevante en términos estadísticos. Y ello es especialmente grave cuando el asunto afecta a los derechos fundamentales. La libertad de expresión y opinión está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y queda protegida por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Es cierto que esta libertad nunca es absoluta, ni siquiera en las democracias liberales. Sin embargo, es en la naturaleza y el alcance de las posibles excepciones donde se juega la calidad democrática de un sistema. Cuando las excepciones se aplican de forma laxa para restringir un derecho fundamental, se abre la puerta a la arbitrariedad y a los abusos de ley. En estos casos, toda precaución es poca.

Por una parte, la jurisprudencia de las democracias avanzadas ha consolidado una práctica basada en el equilibrio entre el respeto a la ley que ampara derechos fundamentales y la suspensión de este derecho cuando, efectivamente, atenta contra la vida o la dignidad de las personas o cuando pone en peligro la seguridad. Sin embargo, esa misma jurisprudencia intenta evitar que una interpretación laxa del delito sea correlativa de una interpretación restrictiva de la libertad de expresión. En Estados Unidos, el caso Skokie (1977) determinó que “el derecho de expresión de las minorías, por repugnantes que pudieran ser sus ideas, debe ser protegido contra la tiranía potencial del gobierno y también contra los prejuicios de las minorías” (Ian Buruma, “Límites a la libertad”). En Europa, especialmente frente a la defensa del nazismo, la posición es más restrictiva, cosa que no impide, como señala Buruma, “la ironía que nos señala que lo que en Estados Unidos está permitido por la ley, en la práctica se produce poco o nada, mientras que lo que en Europa está prohibido, a menudo tiene lugar”.

El caso de los titiriteros incomprensiblemente encarcelados durante cinco días por un juez de la Audiencia Nacional ha hecho saltar más que justificables señales de alarma. A pesar de estar ya en libertad, el magistrado ha mantenido su imputación por los delitos de incitación al odio y enaltecimiento del terrorismo, a causa de la pancarta esgrimida por un títere en la que se podía leer “Gora Alka-ETA”. A la desmesura de la prisión preventiva, como medida inicial, le ha sucedido la cancelación de todas las funciones contratadas y la confirmación de la imputación. La gravedad del caso, sin embargo, merece algunas consideraciones:

Una. Parece que buena parte de los análisis han sentido la necesidad, antes de cualquier consideración sobre el fondo del asunto, de constatar la pésima calidad de la obra, siempre sin haberla visto. Sin embargo, el juicio artístico del espectáculo, si debe evitarse el tótum revolútum, es completamente irrelevante en este debate.

Dos. ¿Puede deducirse, de la pancarta que portaba un personaje de la obra, que la expresión sea equivalente a “Gora ETA”? ¿Quién determina esta equivalencia, fruto de una hiperbólica sobreinterpretación? Y, por otra parte, ¿puede inferirse, si lo fuera, que ello implique incitación al odio y enaltecimiento del terrorismo”? ¿No han aparecido pancartas así en centenares de reportajes informativos de las televisiones públicas? ¿Quién y sobre qué base se otorga la certeza sobre la intención, correcta o delictiva?

Tres. Todos hemos asistido, desde niños, a espectáculos de títeres en los que los muñecos que representaban a la pareja de la Guardia Civil, un clásico del género, recibían las palizas a garrotazos de los personajes buenos de la obra. ¿Alguien ha sido condenado por ello por incitación al odio? Sería ridículo, ¿verdad?

Cuatro. El estatuto de ficción de una obra como esta pone sobre la mesa una evidencia de la teoría de la literatura: ¿las opiniones expresadas por algún personaje, en una obra de ficción, son atribuibles al autor de la obra? ¿Es Shakespeare un incitador al odio y a la violencia porque sus personajes legitimen el crimen, la violencia, el asesinato o la violación? ¿Es Dostoyevski un apologeta del asesinato porque Raskólnikov legitime el que ha cometido en Crimen y castigo? ¿Debemos prohibir las representaciones de Shakespeare o la lectura de Dostoyevski?

Igual que “también entre los pucheros anda el Señor”, como escribió Teresa de Ávila, también la democracia está en juego en los detalles y en asuntos que, en apariencia, pudieran parecer menores. Por eso, la actuación del juez Ismael Moreno, a pesar de haber decretado la libertad de los titiriteros, constituye, en un Estado de derecho, una alarma y un escándalo.

15-II-16, Xavier Antich, lavanguardia