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"La tentación censora", Lorenzo Bernaldo de Quirós

Resultat d'imatges de Lorenzo Bernaldo de QuirósLa libertad de expresión constituye uno de los fundamentos básicos de las sociedades abiertas. Pese a ello, su desarrollo efectivo se ve a menudo cuestionado por algunos de sus hipotéticos defensores. Aceptan el principio pero objetan su ejercicio y piden la intervención del poder cuando consideran que atenta contra valores considerados por ellos inatacables o contra una verdad, a su juicio, indiscutible. Festejan la manifestación de sus ideales, justifican las críticas y descalificaciones, a veces despiadadas, de sus adversarios pero se rasgan las vestiduras y apelan a la coerción estatal si estos les responden de igual forma o ponen en entredicho la justicia de sus pretensiones. Esta tensión y asimetría valorativa ha perdurado a lo largo de la historia pero ha cobrado especial relevancia con la emergencia y el desarrollo de las plataformas de opinión, formadas alrededor de internet, que acogen y difunden toda clase de manifestaciones, muchas de ellas, sin duda, execrables.

Ante este panorama se produce una creciente demanda para hacer algo que evite los excesos cometidos en nombre de la libertad de expresión y establezca límites legales a su práctica. Este enfoque, que goza de un amplio apoyo, si bien por causas muy distintas, en ocasiones contradictorias y, todas, en apariencia razonables, corre el riesgo de mutarse en una seria amenaza para la libertad individual y en un soporte para la imposición de esa sutil forma de censura posmoderna que es la dictadura de la corrección política. Por ello, cualquier análisis sobre esta cuestión ha de plantear una cuestión previa: ¿tiene el Estado legitimidad para vedar o censurar la difusión de opiniones por parte de los individuos?

La respuesta a ese interrogante la proporcionó John Stuart Mill en su ensayo Sobre la libertad y guarda toda su vigencia. A priori, la única justificación por la que el poder puede ser ejercido sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es prevenir que su conducta cause daños a los demás. Desde esta perspectiva, el margen para establecer límites a la libertad de opinión es muy estrecho y, en gran medida, borroso. Resulta muy difícil sostener y demostrar que muchas afirmaciones causan un perjuicio tangible a los derechos de terceros y es muy fácil efectuar una interpretación extensiva de lo que se considera dañino. Por eso, la objetivación de ese criterio exige ceñirle a conjurar y, en su caso, castigar las agresiones contra la vida, la integridad física y la propiedad de los individuos.

Si se quiere limitar la libertad de opinión en determinados supuestos, seleccionados por la mayoría o por una minoría, da igual, ello avalaría la interdicción de un sinnúmero de discursos políticos que resultan ofensivos para la sensibilidad de algunos o de muchos segmentos de la sociedad; además, en ocasiones son engañosos e ansían denigrar a comunidades específicas. Desde esa premisa, también cabría proscribir las prédicas religiosas que siembran el odio en vez del amor al prójimo. En el extremo, la mayoría tendría potestad para censurar las opiniones que no les gustan y prohibir su divulgación. Ello supondría supeditar la libertad de expresión a los prejuicios o a la peculiar sensibilidad de la gente. Esta tesis quizá parezca exagerada pero obedece a un axioma de una consistencia lógica elemental: la extracción de las consecuencias últimas de un razonamiento.

Un observador escéptico aducirá que algo muy diferente a lo descrito es defender el lenguaje abusivo, los insultos, el hostigamiento o las amenazas proferidas en los medios de comunicación y, en especial, a través de las redes sociales en contra de colectivos o personas específicas. Este es sin duda un problema. Sin embargo no basta cuán misógina, racista, violenta o reprensible sea una aseveración, proferida a través de internet o de cualquier otro medio de comunicación, para ser tipificada como un delito y, por tanto, para aplicar una pena o una sanción a quien la realiza. Quizá esta tesis no es compartida por amplios sectores de la opinión ni asumida en la práctica por todos los gobiernos pero se fundamenta en argumentos sólidos.

De entrada no es po­si- ble inferir una intención de actuar de un deseo o de la simple declaración de un deseo. A través de internet, un individuo X tiene la opción de hacer llegar a millones de personas que le gustaría ver muerto a un ciudadano Y. Pero esa censurable aspiración publicitada no permite deducir que X esté dispuesto a materializarla. Alguien dirá que su comportamiento tal vez induzca a otros a llevar a cabo esa acción criminal pero el responsable de esta sería, llegado el caso, quien la ejecuta, no quien formuló públicamente ese anhelo y no tiene una relación jerárquica sobre él.

Hay y siempre habrá fanáticos y lunáticos capaces de crear o ser influidos por credos perversos dispuestos a cometer cualquier atrocidad. Ahora bien, esta es la excepción, no la regla. El individuo promedio no tiene esos rasgos. Por ello es un error de apreciación considerar que la censura de determinadas expresiones evitará los potenciales actos lesivos de aquellos y, en consecuencia, es poco eficaz e injusto legislar en una dirección que restrinja la libertad de expresión para el resto de los ciudadanos. Ese es el precio, en ocasiones desagradable, que se paga por vivir en una sociedad libre. En ella se han de sancionar los actos y los hechos, no las ideas, las intenciones, las creencias o las formas de opinión de quienes las exponen ante la luz pública. Internet está abierta a todos y a casi todo y es ahí donde hay que combatir a los malos con las armas de la razón, no con las de la coerción estatal. No hace falta ningún tipo de legislación especial ni restringir la libertad para garantizar y proteger los derechos de los individuos frente a la agresión de terceros. Están amparados por los tribunales y esa garantía es suficiente.

Lorenzo Bernaldo de Quirós

24/02/2018 lavanguardia