España cañí -110: valenciano, lapao, lapapyp... cuando los Gobiernos hacen ingeniería lingüística (II)

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España cañí -109: valenciano, lapao, lapapyp... cuando los Gobiernos hacen ingeniería lingüística (I)

Lapao y lapapyp en sustitución del catalán y el aragonés. Las Cortes de Aragón aprobaron ayer en pleno la nueva ley de Uso, Protección, Promoción de las Lenguas y Modalidades Lingüísticas Propias, con los votos favorables de los partidos en el gobierno (el PP y el PAR) en medio de fuertes críticas de todos los partidos de la oposición (PSOE, Chunta Aragonesista e IU). La nueva ley elimina el reconocimiento lingüístico y la normalización del uso del catalán y del aragonés en Aragón con sus respectivas variantes locales y dialectales y reconoce de manera genérica las modalidades lingüísticas de dos zonas de Aragón: la hablada en las áreas pirenaicas y prepirenaicas y la propia del área oriental de la Comunidad Autónoma, a las cuales les aplica el gentilicio de lenguas aragonesas sin calificarlas lingüísticamente. 

Con la aprobación de esta ley, queda derogada la anterior normativa, aprobada en el 2009, que fijaba el aragonés y el catalán como lenguas propias de la comunidad. Aquella ley creó un órgano gestor y asesor del gobierno en política lingüística, el Consejo Superior de Lenguas, que ahora desaparece, y contemplaba la creación de las Academias Aragonesa del Aragonés y el Catalán, que ahora se reducen a una sola Academia Aragonesa de la Lengua, que regulará las normativas de las lenguas propias de ambas áreas: la pirenaica y prepirenaica ( lapapyp o lengua aragonesa propia del Aragón pirenaico) y la del Aragón oriental ( lapao o lengua aragonesa propia del Aragón oriental).

LaLa diputada del Partido Popular (PP), María José Ferrando, coordinadora de la ponencia de la ley de lenguas, explicó que “ésta ley libera a los aragoneses de hablar lo que no hablan y de sentir lo que no sienten”, al tiempo que insistía en que se evitaba “el enorme despilfarro económico” que hubiera supuesto la aplicación de la ley vigente, argumento que ya provocó hace más de un mes el abandono de CHA, PSOE e IU de la ponencia.

La portavoz de CHA, Nieves Ibeas, calificó la aprobación de la norma como “un nuevo recorte de derechos para más de cien mil hablantes aragoneses”. La representante del PSOE acusó al gobierno aragonés de “falta de rigor académico” y aprobar una ley en un “paripé inútil que en nada va a proteger nuestras lenguas propias”. E IU advirtió que “se condenaba a la desaparición del catalán y el aragonés en Aragón”.

Para las asociaciones que llevan varias décadas trabajando por la defensa y la conservación del catalán y el aragonés en Aragón, esta ley supone “un ataque frontal a estas lenguas y un intento institucional de que a la larga desaparezcan” y sus expertos dudan de su validez como instrumento para desarrollar política lingüística alguna. Según su articulado, las distintas modalidades lingüísticas aragonesas (excluidas las del castellano, que no contempla la ley) sólo podrán ser objeto de enseñanza en sus zonas de uso tradicional, desapareciendo las áreas de transición. El nombre de las modalidades podrá ser decidido en cada municipio por los dos tercios de su consistorio.

Las reacciones ante la aprobación de la ley no se hicieron esperar y el conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, consideró que denominar a partir de ahora lapao al catalán hablado en la Franja es la constatación de que se intenta “de todas las maneras que el catalán desaparezca del mapa”. La decisión de las Cortes Aragonesas, añadió Mascarell, “expresa una manifestación más, muy rotunda e incluso ridícula, de un determinado españolismo” para evitar “que el catalán se pueda desarrollar con normalidad en todas partes, allí donde es la lengua habitual”.

Por su parte, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, tachó de “ridículo” llamar lapao al catalán que se habla en la Franja de Aragón, de donde él es originario al haber nacido en Alcampell. “¡Qué ridículo! ¡Ahora hablo lapao! De la noche al día todos los catalanes podéis añadir en el currículum una nueva lengua de dominio: el lapao”.

A su vez, el PSC registró ayer en el Parlament una resolución que insta al Gobierno aragonés a dar marcha atrás con la ley, que califica de “atentado político a la unidad de la lengua catalana”.

10-V-13, M. Sasot, lavanguardia

Decía Aribau, en la oda La pàtria: “En llemosí sonà lo meu primer vagit, quan del mugró matern la dolça llet bevia”. Para el catalán, en la Renaixença se recuperó la denominación lemosín, que, stricto sensu, sólo se refiere a la variante occitana de la región francesa de Limoges, pero que había servido para denominar el catalán literario de la edad media, heredero de los trovadores occitanos. Valenciano para unos, menorquín para otros, hablar de lemosín resolvía el problema del nombre, pero no cuajó.

El catalán no es lengua de Estado y el Estado donde básicamente se habla siempre lo ha considerado un estorbo. La política del divide y vencerás, aplicada sistemáticamente por los políticos populares desde Valencia en los años ochenta (¿se acuerdan de González Lizondo, de Unión Valenciana, elaborando listas de palabras como noia/xica para demostrar que catalán y valenciano no eran la misma lengua?), después desde Madrid, desde Palma y ahora desde Zaragoza, no ha sido en balde; ha hecho mella. Desde ayer, los del Matarranya, el Baix Cinca, la Ribagorça o la Llitera, como Duran Lleida, ya no hablan catalán, ahora, por ley, hablan lapao.

Lo que un Estado culto habría protegido y potenciado como una riqueza, en España se ha tratado históricamente como una anomalía, una tozudez de esa gente obstinada en seguir hablando una lengua “que no va a ninguna parte”. Las discrepancias sobre el nombre del catalán han sido aprovechadas para fragmentarlo y aislarlo en comunidades autónomas, poniendo la política por encima de la convención científica, como defiende el IEC y el sentido común, y haciendo creer al ciudadano que son idiomas distintos.

Pero el delirio no se acaba aquí. El odio a todo aquello que suene a catalán provoca una víctima colateral, y no menor: el aragonés. Esta lengua, que se habla en el norte de Aragón, ahora se llama legalmente lapapyp. Es otra prueba fehaciente de que en este Estado las personas y la cultura van por un lado y las leyes por otro.

La lengua es la línea roja que nunca se debería haber traspasado y, en cambio, algunos políticos se dedican constantemente a pisarla. No les avergüenza hacer el ridículo y nombrar académicos de no se sabe exactamente qué, porque una vez que hemos reído el chiste, la ley se asienta y la fragmentación prosigue. Curiosamente, son los mismos políticos que –con buen criterio– invierten montones de dinero en potenciar la unidad del castellano mediante las academias de los veintidós países donde se habla.

10-V-13, M. Camps, lavanguardia