¿por qué aún no han dimitido los factores de una negligencia de 1.700 millones de euros?

El Gobierno se teme lo peor si tiene que cerrar de manera definitiva el almacén subterráneo de gas (proyecto Castor) frente a la costa del sur de Tarragona. Y lo peor es una indemnización millonaria a favor de la empresa promotora. El ministro de Industria, José Manuel Soria, informó ayer en la comisión de industria del Congreso de que si el almacén se debe cerrar porque no es seguro debería asumir una indemnización a favor de Escal UGS (participada en un 66,7% por la constructora ACS, de Florentino Pérez, y el 33,3% restante, de la canadiense Dundee Energy). No se sabe aún la cantidad (depende de las responsabilidades que se fijen), pero el asunto ha levantado un litigio entre el Gobierno y la empresa constructora.

El gran interrogante que planteaba el posible cierre definitivo del almacén es quién debería pagar por esta instalación tan costosa. Y el ministro dio ayer un poco de luz. Soria desveló que en la autorización administrativa concedida en su día a Escal había una cláusula muy favorable para la empresa de Florentino Pérez; tan favorable que el ministerio ha solicitado ahora al Tribunal Supremo que la declare lesiva.

El real decreto del 2008 indicaba que, en el caso de suspensión o finalización de la concesión, la instalación pasaría a manos del Estado. En este caso, el operador de la planta tendría derecho a una indemnización equivalente al valor neto contable del proyecto; y, en caso de que la suspensión se debiera a “dolo o negligencia del operador” (responsabilidad empresarial), al valor residual del proyecto (lo que le queda por amortizar).

Para el ministro se trata de una “cláusula claramente abusiva para el interés general”, por lo que la petición del ministro a los jueces cabe interpretarla como un intento de tutelar el interés general y evitar la indemnización millonaria. La cláusula, “abusiva” en opinión de Soria, fue recurrida por el Gobierno antes incluso de que comenzaran a registrarse los seísmos.

De la decisión del Supremo dependerá quién cargará con los costes de la infraestructura en caso de que este no entre en funcionamiento. Soria ha repetido que el almacén y la planta no volverán a estar operativos si no hay plenas garantías de que la actividad de inyección del gas es segura. Y los informes no han concluido.

Soria recordó que el Gobierno redujo la retribución asignada a esta instalación al considerar excesiva la cantidad que se había establecido con anterioridad. Además, el Gobierno estableció un periodo de prueba (una autorización provisional) antes de dar el permiso definitivo. “Menos mal que el pasado año introdujimos que, para este tipo de infraestructuras, hubiese una autorización provisional” porque, de no ser así, “hoy hubiésemos estado en el supuesto de una autorización definitiva”, declaró.

Fuentes del sector gasístico explicaron estos días que la inversión de Escal ha sido muy generosa y ha comportado costos que suponen dos veces y media lo presupuestado. “No se escatimaron costos”, dijeron. El coste del almacén suma 1.700 millones de euros y, como su actividad está regulada por el Gobierno, en caso de que entrara en servicio, las inversiones se añadirían a los costes generales del sistema gasista, que se retribuye mediante la tarifa del gas (para industrias y usuarios domésticos).

Escal tiene reconocida una retribución por desarrollar esta actividad de 1.273 millones, a lo que se añaden otros dos conceptos: hasta 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento. Lo presupuestado inicialmente eran 700 millones.

11-X-13, A. Cerrillo, lavanguardia

El almacén de gas fue considerado en su día una infraestructura “urgente” en la planificación del sistema gasista 2008-2016. Pero llega cuando la demanda de gas se ha desplomado. Por eso, el ministro dijo que “es necesario realizar un nuevo análisis costes-beneficio” que tenga en cuenta la “infrautilización” de las infraestructuras del sector. El ministerio además elabora una auditoría para ver si los costes que alega la empresa (la factura que presenta) son los reales.

Soria reiteró que todavía no dispone de un informe definitivo sobre los movimientos sísmicos asociados a la inyección de gas del almacén Castor; pero los expertos apuntan a que existe una “relación directa” entre los terremotos y estas inyecciones de gas. No obstante, precisó que riesgos de terremotos relevantes son muy limitados. “Hasta que se tenga la absoluta certeza de que la instalación es segura no se va a reanudar su actividad”, ha insistido. Soria fue muy criticado duramente por Laia Ortiz (Izquierda Plural) y Martí Barberà (CiU) porque se desoyó la petición de que se evaluaran los riesgos sísmicos del almacén dentro de la declaración de impacto ambiental. Ortiz pidió que este análisis se incorporara en la nueva ley de impacto ambiental, mientras que Martí Barberà juzgó injustificable que el alcalde de Alcanar no fuera invitado a la reunión que mantuvo el ministro con los alcaldes de la Comunitat Valenciana el 7 de octubre. El ministro dijo que la carta de la petición llegó tarde.

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La posible retirada definitiva del permiso para que el almacén subterráneo de gas (Castor) pueda operar va camino de provocar un seísmo económico. Las operaciones de inyección de gas del proyecto Castor han sido relacionadas con más de 500 seísmos frente a la costa del sur de Tarragona; pero la paralización de la instalación crea grandes incógnitas.

¿Quién asumiría el coste de esta infraestructura gasista si el Ministerio de Industria no conceda la autorización definitiva? Al margen del grado de responsabilidad que se aprecia a la empresa, dos son las vías que se abren para afrontar este posible pago: los presupuestos del Estado o, subsidiariamente, un recargo sobre la tarifa del gas, que repercutiría a su vez indirectamente sobre el recibo de la luz.

A falta de conocer el resultado de los estudios de los técnicos que deben evaluar si el almacén es seguro para acoger el gas, el Gobierno quiere evitar que un hipotético cierre del Castor obligue al Estado a afrontar una indemnización millonaria a favor de la empresa promotora. Escal UGS tendría derecho a esa indemnización gracias a las favorables condiciones obtenidas en la concesión, otorgada el 5 de junio del 2008 por el entonces ministro Miguel Sebastián. Son condiciones tan ventajosas, que el Gobierno –según se ha sabido ahora– recurrió al Tribunal Supremo en mayo del 2012 con el fin de que se declarara lesiva o “abusiva” una cláusula en que se reconocía el derecho a una indemnización incluso aunque Escal fuera responsable (por dolo o negligencia) del cierre forzado del almacén. La autorización establece que, si la concesión (por 30 años) se extingue, las instalaciones revertirían al Estado, y éste tendría que compensar a la promotora por el valor neto contable de las instalaciones (las inversiones menos el valor de la depreciación).

Pero lo que más llamativo es que si la concesión se extingue por una negligencia o dolo por parte de la empresa, ésta recibiría como compensación “el valor residual de las instalaciones”, que es el activo final al final de su vida útil. Y, al tratarse de una instalación nueva, ese coste residual rondaría los 1700 millones de euros, según las estimaciones del ministro José Manuel Soria.

Fuentes del sector gasista han confirmado que un tipo de indemnización como la recogida en esta concesión no está previsto para los permisos de los otros tres almacenes subterráneos de gas de España: Serrablo (Huesca), Gaviota (Bizkaia) y Yela (Guadalajara). Mientras tanto, Industria está elaborando una auditoría para evaluar esos costes y examinar con lupa la factura.

Por lo pronto, Escal tiene reconocida una retribución por desarrollar esta actividad de 1.273 millones, a los que se añaden otros dos conceptos: 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento. Lo presupuestado inicialmente eran 700 millones.

La promotora Escal no entra al trapo y sólo aduce que “Castor es un elemento perteneciente a la red básica del sistema gasista español” y que por tanto “existe una regulación que debe aplicarse”. “Ahora estamos centrados exclusivamente en el análisis técnico de la actividad sísmica”, zanja su portavoz.

Existe un único precedente en que el Estado español haya tenido que asumir una instalación energética inconclusa: fue la paralización de la nuclear de Lemóniz (Bizkaia), tras una oleada de atentados de ETA, que el gobierno socialista incorporó a la moratoria nuclear aprobada en 1984, y que los españoles pagaron durante años con un recargo en la tarifa eléctrica. Ahora, los expertos consultados afirman el Gobierno debe defender el interés público de los consumidores españoles, pero no tendría sentido incorporar el sobrecoste o indemnización a los presupuestos del Estado (que deben reservarse a servicios públicos más indicados).

El coste de la posible indemnización (mayor o menor, según se determine) debería ser asumido por el sistema gasista, por el recibo del gas que pagan usuarios domésticos e industriales. En la formación de los precios del gas, incide un 80% el coste de la materia prima gas (sujeto a oscilaciones de mercado) y un 20% los costes de inversiones e infraestructuras (almacenes, regasificadoras, peajes de acceso y distribución). Por eso, si el sistema gasista asume esos 1.700 millones la factura subiría un 1%, según estas mismas fuentes. De rebote se encarecería la electricidad, pues el 15% de la demanda se atiende con el gas en plantas de ciclo combinado. La generación eléctrica con gas llegó a suponer más del 35% de ese combinado, pero las renovables y el carbón han convertido el gas natural en minoritario (aunque el carbón incrementa las emisiones que calientan el clima). Por este lado (el del recibo de la luz) el bolsillo no notaría tanto el temblor del Castor.

11-X-13, A. Cerrillo, lavanguardia